El negocio del tráfico ilegal de armas a México

La violencia y la inseguridad son los problemas que más daño generan a las y los mexicanos, por lo que el gobierno federal ha buscado atacar sus causas, sin generar mayores niveles de violencia por medio de la confrontación; como parte de esta estrategia, en agosto de 2021 se presentó una demanda judicial contra las armerías estadunidenses que se tienen identificadas como las principales vendedoras de armas al crimen organizado en nuestro territorio.

Con esta acción legal, que desafortunadamente fue desestimada por las autoridades estadunidenses, se buscaba que las empresas de la industria armamentística asumieran la responsabilidad civil por facilitar el tráfico ilícito de armas a México.

Por primera vez se señaló a las empresas, no a los gobiernos, como parte del problema, por priorizar los beneficios económicos aun sabiendo que los usuarios finales de sus armas son miembros de la delincuencia organizada.

Hace unos días las declaraciones del congresista estadunidense Dan Crenshaw avivaron el debate sobre las medidas empleadas para mejorar las condiciones de seguridad en la frontera, es importante destacar que en una relación bilateral de respeto como la existente entre nuestros países no caben las declaraciones intervencionistas que busquen polarizar la situación, alejando las miradas de las causas que ocasionan la violencia desde ambos lados de la frontera.

La delincuencia organizada en nuestro país es alimentada por la demanda de drogas y fortalecida por la venta ilegal de armas provenientes de Estados Unidos; desde que nuestro país vecino permitió la venta libre de armas de asalto, el poder de los cárteles incrementó exponencialmente.

Las fuerzas federales mexicanas han tenido que adquirir armamento de mayor potencia para poder enfrentarlos; es decir, al aumentar la venta de armas al crimen, el Estado ha tenido que incrementar su inversión en armamento, lo que coloca a esta industria como la única beneficiaria del clima de violencia en nuestro país.

En Estados Unidos el negocio de armas es uno de los más sólidos, son muchos los reclamos de organizaciones sociales, incluso de las víctimas de los tiroteos, que han buscado se legisle en favor de la regulación para evitar poner más armas en manos incorrectas; sin embargo, sigue siendo uno de los negocios más protegidos por los políticos estadunidenses.

El espiral de violencia en ambos lados de la frontera es alimentado por un mercado que alcanzó los 20 mil millones de dólares en el año 2022, un negocio que se basa en el dolor y sufrimiento de miles de familias en los dos países, que padecen por la violencia de los grupos criminales o por las muertes ocasionadas por el consumo de drogas.

Se calcula que ingresan a nuestro país de forma ilegal hasta 500 mil armas al año, la violencia ocasionada por éstas también impacta en la economía de nuestro país, se estima que los daños económicos podrían alcanzar 6% del PIB nacional.

El problema del tráfico de drogas está completamente ligado al tráfico de armas, por ello se debe tratar como una responsabilidad conjunta, tan importante es impedir que las drogas lleguen a Estados Unidos como lo es impedir que lleguen más armas a México.

Las y los senadores de la República estamos a favor de la concientización de la responsabilidad de la industria armamentística, que a través de sus prácticas comerciales ha facilitado el tráfico ilegal de armas que resultan en homicidios y lesiones, armas que roban la tranquilidad de las y los mexicanos, armas que detienen el desarrollo del país.