La clave municipal

El inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión ofrece la oportunidad de dialogar, integrar propuestas y construir acuerdos en materia de seguridad municipal. Se trata de una exigencia de la más alta prioridad cuya atención implica, por una parte, generar las condiciones necesarias para recuperar en el corto plazo el control de la fuerza pública en los municipios dominados o infiltrados por el crimen organizado, y por otra, impulsar una serie de reformas legislativas y transformaciones institucionales que, en suma, permitan superar en el mediano plazo las debilidades estructurales de los gobiernos municipales. No hay, desde luego, una fórmula perfecta, pero la peor fórmula es no hacer nada.

De los 2 mil 443 municipios del país, casi mil 800 cuentan con una corporación policial. En algunos casos son instituciones más o menos sólidas, con agentes capacitados, remuneraciones y prestaciones decorosas, mecanismos de supervisión y evaluación aceptables, y resultados reconocidos por la población. Pero son la excepción. La gran mayoría no tienen ni el capital humano ni los procesos y herramientas adecuados para cumplir sus funciones bajo estándares mínimos de confiabilidad y eficiencia. Son, para decirlo claramente, un desastre. Enfrentar con estas policías a los poderosos cárteles del narcotráfico y otras bandas criminales es imposible; y no sólo eso: sus deformaciones y vulnerabilidad son tales que suelen ponerse al servicio de éstos. Está claro, es cierto, que bajo el modelo actual las corporaciones policiales de los gobiernos de los estados no son la panacea, pero un nuevo modelo de seguridad con 32 policías estatales coordinadas con las fuerzas federales y articuladas, supervisadas, evaluadas y sancionadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública facilitaría las cosas, sobre todo en las entidades y los municipios más expuestos al crimen organizado.

En todo caso, como planteó en días recientes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el debate está abierto a distintas propuestas y modalidades. Es un llamado constructivo a la corresponsabilidad de todos los partidos y sus legisladores para el diálogo y la formación de consensos en torno a soluciones viables y eficaces ante un gravísimo problema que, cabe subrayar, no sólo se ha manifestado en casos tan extremos y dolorosos como el de los normalistas de Ayotzinapa, sino que se sufre diariamente en cientos de municipios, donde literalmente impera la ley del más fuerte, sin que las policías municipales cumplan con la función esencial de brindar seguridad a sus habitantes.

Hay quienes se oponen a la supresión de las policías municipales. El PAN, por ejemplo, se inclina por una solución que prevea, regule y facilite la intervención y el control de otras fuerzas de seguridad en municipios en los que la policía no cumpla debidamente sus funciones. Es una posibilidad atendible, sin duda, aunque, según la información disponible en materia de capacitación, pruebas de confianza y desempeño, la excepción sería la regla. Pero bienvenidas todas las propuestas para el debate, siempre y cuando se traduzcan a la brevedad en una solución normativa e institucional efectiva. A la par está la exigencia de abrir el debate y la formulación de propuestas para el fortalecimiento institucional de los municipios. Como lo he planteado reiteradamente en este espacio, mientras la base de la organización política, territorial y administrativa del país siga siendo una estructura endeble, vulnerable e ineficiente, el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo de las actividades productivas seguirán enfrentando enormes obstáculos. La clave municipal significa atender esta doble exigencia.