La expansión de las ciudades: 1980-2010

El mayor problema que enfrentan las metrópolis: baja densidad y dispersión.

En el año 2000 la Secretaría de Desarrollo Social publicó el libro: México 2000–2020, una proyección sobre el desarrollo de las principales ciudades del país. En 2011 publicó, también, una monografía sobre las características de las 93 principales ciudades; 11 con más de un millón de habitantes; 21 entre 500 mil —no 450 mil, como erróneamente se menciona— y un millón; y 61, de cien mil a medio millón. Además, proporciona información sobre el aumento de su población, la superficie ocupada y la densidad de habitantes por hectárea (La expansión de las ciudades: 1980-2010).

La buena noticia es que México es un país con una alta tasa de urbanización (63 por ciento). La mala es que la densidad de sus ciudades es muy baja. En promedio éstas han aumentado su superficie diez veces, con respecto a la que tenían en 1980; sin embargo, su población sólo ha crecido 2.6 veces. Este dato señala claramente el mayor problema que enfrentan esas ciudades: su baja densidad, y su dispersión y fragmentación.

Esa difícil situación se debe a que el gobierno federal no controla —desde hace veinte años— los procesos de urbanización. La desaparición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y la inexperiencia de la mayoría de los gobiernos municipales propiciaron actos de corrupción que han reportado ganancias millonarias a desarrolladores urbanos, que han comprado hectáreas y han vendido metros cuadrados. Ese modelo de desarrollo es absurdo no sólo por su impacto económico, sino por su injusticia social. Las ciudades dispersas segregan a la gente en el espacio urbano; son dependientes del automóvil e inciden negativamente en su productividad económica al aumentar la desigualdad social, malgastar los combustibles y el tiempo en traslados lentos y perjudicar el medio ambiente.

La dispersión de esas ciudades fomentó la construcción de vivienda en enormes desarrollos horizontales. Eso, además de consumir miles de hectáreas de terreno, es ineficiente y costoso para el gobierno de las ciudades y para sus habitantes.

La gravedad de esta situación se entiende al comprobar que hay ciudades en las que la relación entre el crecimiento de su superficie y el de su población es muy desequilibrado como: Cabo San Lucas (76/ 2.6), Tlaxcala (57/ 3.7), San Juan del río (38/ 5.1), Río Verde (34/ 1.3), Lázaro Cárdenas (31/ 3. 4), Villahermosa (30/ 3), Manzanillo (28/ 3.3), Toluca (26/ 3.2), Cancún (25/ 18.2), Tulancingo (23/ 3.3), Tula (23/ 3.5), Cuauhtémoc (22/ 2.6), Cuautla (21/ 3.1), Pachuca (21/ 3.7) y Puerto Vallarta (21/ 6.6).

Esos desequilibrios sólo se explican porque los planes de desarrollo urbano —si los había— fueron ignorados y propiciaron una enorme corrupción. El resultado está a la vista: ciudades sin recursos para atender los enormes problemas acumulados; urbanizaciones sin adecuados servicios y grandes poblaciones segregadas en conjuntos sin identidad, ni transporte público adecuado.

Por contraste, los ejemplos más equilibrados son los de las ciudades de La Paz, cuya superficie creció dos veces y su población creció 2.3; Acayucan 2.9/ 2.1; San Luis Río Colorado 3.2/ 2; la zona metropolitana del Valle México 3.5/ 1.4; Poza Rica 3.6/ 1.4; Mexicali 3.7/ 1.8; Ensenada 3.7/ 2.4; Los Mochis 3.7/ 2; Guadalajara 3.8/ 1.9; Minatitlán 3.8/ 1.6; Tehuantepec 3.8/ 2.2; y Chetumal 3.8/ 2.6.

Treinta años bastaron para generar una situación que condicionará el desarrollo urbano de todo el país, por eso es urgente que el gobierno federal intervenga y evite que el desastre sea aún mayor.

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