Volaris: entre engaños al consumidor, terrorismo laboral e incumplimiento de la IED

Vaya problema en el que se metió hace unos días Volaris. Salieron con una supuesta promoción que después desconocieron. Hoy se sabe que tuvieron una falla en el sistema que generó compras de boletos a precios de ganga.

La compañía que preside Gilberto Pérezalonso, que se caracteriza por un cuasi inexistente servicio al cliente, tuvo que salir a explicar públicamente que se trató de un supuesto hackeo de sus sistemas.

Fue el argumento del que echaron mano para salir al paso de la presión que empezaron a ejercer sus usuarios, los medios de comunicación y las autoridades. Pero en realidad hubo un error al interior que ya tuvo sus consecuencias. Salió uno de los directores. Fue el encargado del manejo de tarifas en la empresa. La realidad es que la aerolínea tan vendió boletos que incluso devolvió dinero a sus pasajeros y sacó inmediatamente una promoción de 50% de descuento para todos los que compraran en días pasados para viajar en el primer trimestre de 2012.

Por ello en los últimos días se han vivido días tensos al interior de la compañía. Se vive un auténtico régimen de terror en donde se buscan culpables de lo sucedido. Aunque esto no es nuevo. Es el sello que caracteriza la gestión de Enrique Beltranena.

Es ampliamente conocido que lo mismo las tripulaciones, mecánicos y personal administrativo están bajo constante presión. También son objeto de exámenes permanentes de confianza, lo que propicia un ambiente laboral menos que terrible.

Más allá de cuánto le costó a la aerolínea la falla de la semana pasada, hay un daño irreversible a la imagen de la compañía y también en el ambiente laboral y en la administración, de por sí bajo constante escrutinio por su grupo de accionistas extranjeros.

Y es que otro problema de la compañía tiene que ver con el incumplimiento del régimen de inversión nacional que establece la ley de aviación. La familia Kriete, Roberto y su hermana Cristina, junto con el fondo estadunidense Indigo Partners, de Bill Franke, son los mayoritarios.

Pasará tiempo para que Volaris recupere la totalidad de la confianza de los pasajeros. Las víctimas fueron más de dos mil 600 clientes. Su estrategia de sacar promociones a 50% para recuperar imagen les podría dejar más pérdidas que ganancias.

Basilisk viola

Agronitrogenados, de Alonso Ancira, se encuentra en concurso mercantil desde hace tres años en el Juzgado Décimo de Distrito, del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. En dicho proceso se sometió el convenio concursal para el pago de sus créditos. Este tuvo la aceptación de la mayoría de los acreedores para su aprobación. Al concurso compareció Armando Carrasco Zanini, representando a una empresa compradora de cartera que se denomina Basilisk, firma que adquirió diversos créditos de Agronitrogenados a precios menores de diez centavos por cada peso. El convenio concursal no ha sido aprobado por la autoridad judicial, no obstante la mayoritaria aprobación de sus acreedores, porque Basilisk se ha opuesto en perjuicio del resto de los prestamistas haciendo imposible la terminación de dicho proceso. Esencialmente Basilisk se ostenta como titular de un crédito que no adquirió, que dice compró de Solida Administradora de Portafolios, que a su vez lo adquirió de Banamex, que dirige Enrique Zorrilla. Pero es el caso que el juez le ha negado la titularidad del mismo en razón de no haber acreditado dicha trasmisión. Lo anterior tuvo como consecuencia que se iniciara una denuncia penal contra Carrasco Zanini, la que se consignó ante el juez Noveno de Distrito del mismo Circuito, y quien emitió una orden de aprehensión en su contra por el delito que contempla la Ley de Concursos Mercantiles en su artículo 274. En la actualidad se está buscando involucrar a los miembros del consejo de administración de Basilisk, entre los que se encuentran Patrick Wyss, Rubén Goldberg y Winston Lacayo. Este es el primer antecedente que se tiene en un concurso mercantil derivado de lo anterior.

IMSS, a capilla

Ya trascendió que la Función Pública detectó una red de corrupción y tráfico de influencias para obtener contratos, vía licitación, pero que estaban totalmente amañados a favor de las licitantes. Eran acuerdos por cerca de tres mil millones de pesos en el surtido de alimentos al IMSS. El fraude en la dependencia de Daniel Karam se materializó con dos empresas: L.C. y K. La primera está representada por E. L. D. y la segunda por Erick Alvarado, ambos de origen extranjero. Los ejecutivos ya están siendo objeto de una investigación no sólo por el organismo que lleva Salvador Vega, sino incluso por la PGR que capitanea Marisela Morales. Como coordinador de adquisiciones del IMSS, César Mora era el responsable de confeccionar “a modo” las bases para estas empresas, lo que le valió el cese del instituto. Veremos qué sale de esta caja de Pandora.

Perdió Alsea

Le platicábamos ayer de la confirmación de la terminación del proceso legal que inició hace casi tres años Italianni’s en contra de Alsea, que comanda Alberto Torrado. Ya ambas partes se desistieron y exhibieron el convenio judicial ante juzgados. En el asunto tuvo mucho que ver la sentencia pronunciada por el juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, confirmada por el Tribunal Unitario del Primer Circuito, y en la que se condenó a Alsea al cumplimiento forzoso del convenio de compra que celebraron hacia abril-mayo de 2008 con Víctor Cachoua Flores. Vale destacar que el bufete que consiguió esa victoria jurídica que dio paso el acuerdo extrajudicial que se firmó el viernes pasado fue Guerra González y Asociados. Los artífices de la sentencia a favor de Italianni’s fueron Jaime Guerra y Alfonso Peniche.