Prever

No se trata de defender al PRD o al PAN ni de atacar a Enrique Peña Nieto. Mucho menos de defender o atacar, según sea el caso, las acciones políticas del presidente Felipe Calderón o del ciudadano Andrés Manuel López Obrador o de todos o ninguno de los partidos políticos. Tampoco de atacar o justificar las decisiones del Instituto Federal Electoral (IFE) o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que están obligados a cumplir y hacer cumplir la legislación vigente.

Se trata de prever y de prevenir. Las controversias y problemas electorales de hoy se multiplicarán y su gravedad será mucho mayor en 2012, año de elecciones para la renovación de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión.

En cumplimiento de la ley, hay que remarcarlo, el IFE ordenó el pasado lunes 6 obligar al PRD a retirar la frase "Enrique Peña Nieto tiene miedo" en uno de su spots de radio y televisión y aceptó que puede seguir utilizando la expresión "estamos hasta el copete", referida también al mismo personaje en ese anuncio, en tanto decide si las dos frases son denigratorias del gobernador del Estado de México. La demanda contra el spot del PRD fue interpuesta el viernes 3 de diciembre por el PRI.

En cualquier régimen democrático, la acción del IFE recibe el nombre de censura. En México, la acción del PRI y la resolución del órgano electoral son absolutamente legales y legítimas, de acuerdo con la normatividad vigente. Es decir, el partido político ejerció un derecho y la autoridad aplicó la ley. Y pese a su legalidad y legitimidad, tales acciones no dejan de ser censura.

Hace unas semanas y hace algunos meses, López Obrador y el Partido del Trabajo y, por otra parte, el presidente Calderón sufrieron mutilaciones y sanciones por mensajes difundidos por radio y televisión, que a juicio de sus denunciantes y de la autoridad electoral violaron la ley. En un caso se argumentó campaña electoral adelantada y, en el otro, promoción política personal. En ambos, en cualquier régimen democrático se hablaría de censura.

El problema no son los actores políticos, así se les dice ahora, sino la ley, esa que fue aprobada en 2008 y que el comportamiento "correctamente político" a la encarnizada —como es y debe de ser— lucha electoral, presuntamente con las "campañas negras" y los excesivos e ilegales gastos electorales. En 2012, esas normas harán crisis, en medio de una, muy probablemente más competitiva y crispada, campaña electoral por la Presidencia de la República. Hoy, pese al reloj parlamentario y otros artilugios de los partidos políticos en el Congreso de la Unión, todavía hay tiempo para arreglar lo desarreglado.

No se trata de ir al otro extremo y legalizar calumnias, difamaciones o delitos contra el honor ni dar carta blanca a los gastos electorales y mucho menos al uso de recursos públicos en la promoción política personal o partidaria.

Se trata de evitar la censura, de castigar delitos verdaderos y dejar que los ciudadanos decidan qué es lo que creen o no, lo que les conviene o no. Ellos saben muy bien si Peña Nieto miente o no, más allá de lo que diga el PRD y si hay calumnia o difamación pues ahí deberían estar los tribunales para castigar con eficiencia y eficacia esas conductas, que gracias a los diputados ya no son delitos; y el Presidente de la República no debería ver limitada su libertad de expresión, a menos que para ello utilice recursos no permitidos y, muchos menos, el ciudadano López Obrador tampoco debería tener coartado ese mismo derecho bajo el argumento legal de que no es tiempo de campañas (¿le aplicaría ese ley a cualquier otro ciudadano que expresase sus creencias políticas?). Los ciudadanos, pese a lo que se cree en muchos ámbitos, no son menores de edad y mucho menos tontos.