Ven exceso en uso de la prisión preventiva

La prisión preventiva oficiosa pasó de ser “una medida cautelar de excepción, a la regla” a partir de 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador amplió el catálogo de delitos graves a los que se debía imponer la restricción.

Desde entonces a la fecha, los operadores del sistema de justicia han hecho un uso “desproporcionado” de la medida que, al día de hoy, mantiene a gente inocente en la cárcel o a presuntos culpables sin sentencia acusados de delitos menores.

Resulta entonces “contradictorio” que a unos días de que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de la medida, López Obrador se pronuncie en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa cuando es la causante de que 40% de las personas que hoy están en la cárcel

—en su mayoría pobres— no puedan acceder a una defensa adecuada y se ignore si son culpables o no de un delito, mientras el tiempo pasa hasta convertirse en años.

Lugares como la Ciudad de México y Oaxaca han utilizado esto de manera desproporcionada; es decir, cuando ellos amplían el catálogo de delitos dicen que es para reducir la delincuencia, la violencia y la impunidad y también dicen que el uso de esta figura es excepcional. Sin embargo, la realidad está muy alejada  de ese caso excepcional, se ha vuelto la regla. Casi  todos los casos van por esa vía. En el caso de la Ciudad de México y de Oaxaca es casi 100% de los casos”, expuso en entrevista con Excélsior Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Red Viral y experta en seguridad y migración.

Circunstancias como las anteriores, aunadas al hecho de que los defensores públicos en el país atienden en promedio 300 casos cada uno, evidencian que no puede haber una justicia pronta y expedía como lo marca la Constitución, y por ello se vuelve conveniente —a juicio de la experta— la desaparición de la prisión preventiva oficiosa tal como se aplica en México actualmente.

Sobre todo porque los casos de éxito de un defensor público de cara a uno particular son mucho más reducidos, ya que mientras un defensor de oficio alcanza menos de 30% en demostrar la inocencia de sus representados, un litigante rebasa 60% en declaraciones de inocencia.

¿Por qué hay que eliminar a la prisión preventiva oficiosa? Porque, finalmente, desde que existe esta figura en México se encarcela a más de 300 persona cada día y esto ha provocado un crecimiento muy importante en la población penitenciaria del país y los abogados de oficio ni siquiera se dan abasto y en pretexto de esto era combatir la impunidad, pero seguimos teniendo que 95% de los delitos quedan a impunes. Entonces, no ha cambiado”, enfatizó Rendón Cárdenas al responsabilizar al populismo legislativo la adopción de esta medida y a los juzgadores de abusar de ella.

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