'La subrepresentación amaga la democracia': Diego Valadés

La subrepresentación en el Congreso "es el mayor problema que ha enfrentado la democracia mexicana", advierte Diego Valadés, exprocurador general de la República.

Respecto de la conformación de la próxima Legislatura y la implicación que tendrá que la oposición que ganó en las urnas 46% de la votación legislativa podría contar en la Cámara de Diputados con sólo 26% de las curules, el jurista afirma que "a partir de que se desconozca el derecho de casi la mitad de los votantes de oposición (su representación en la Cámara equivaldría más o menos a 52% de la que le debería corresponder) ya no se podrá hablar de democracia en México".

En entrevista con Excélsior, el investigador emérito de la UNAM aseveró que, con ello, "la sustitución en el poder ya no dependerá de la participación en procesos electorales confiables, sino de la decisión del gobierno y sus partidos afines".

En la actual coyuntura mexicana, lo que importa ahora es colocar el foco en la subrepresentación. ¿Podría explicarnos por qué?

La reforma política de 1977 introdujo los diputados de representación proporcional. En esa ocasión fueron 100 diputados, sumados a los 300 de mayoría. La intención era democratizar al sistema electoral mexicano y hacerlo más equitativo. Hasta entonces dominaba un partido al que se consideró hegemónico por su supremacía sistemática. Desde 1986 el número de diputados de representación proporcional es de 200.

El objetivo democrático de ambas reformas consistió en dar a las minorías en el Congreso un espacio lo más cercano posible al porcentaje de votantes que representaran. Se intentó reducir la sobrerrepresentación de la mayoría y la subrepresentación de las minorías, y en cierta forma se consiguió.

Lo que ahora se pretende es lo contrario: que las minorías no tengan en la Cámara de Diputados una participación equiparable al porcentaje de mexicanos que representan. Dar al 46% de los votantes una representación de 26% en la Cámara de Diputados no tiene fundamento en la Constitución ni en los principios de cualquier sistema que se considere democrático.

Me sorprende que haya personas muy respetables que sustenten esa hipótesis, que afirmen que Morena y sus asociados tienen derecho a adueñarse de diputaciones que no les pertenecen y que se puede reducir tanto como se quiera la participación efectiva de las minorías. A la oposición le quieren dejar la mitad de lo que le corresponde.

¿Cuáles considera que deberían ser los parámetros, principios y precedentes a tomar en cuenta para el reparto de diputaciones plurinominales en las próximas semanas en INE y en el Tribunal Electoral?

Deben aplicarse los términos precisos del artículo 54 de la Constitución: ninguna fuerza política puede contar con más de 300 diputados, sumando los de mayoría con los de representación proporcional.

Ese mismo artículo indica que para acceder a la representación proporcional un partido debe registrar candidatos de mayoría en al menos 200 distritos uninominales, y ninguno de los tres partidos (Morena, Verde y del Trabajo) lo hizo. Entre los tres registraron entre 50 y 60 candidaturas de mayoría, y las restantes las registraron como coalición. Por consiguiente, es la coalición la que puede beneficiarse con un incremento hasta de 8% y no cada uno de los integrantes de la coalición, pues ninguno de los tres cumplió con el requisito constitucional de registrar candidatos en 200 distritos.

Para hacer más sencilla la comprensión de lo que exige Morena, imaginemos que la coalición que encabezó hubiera estado integrada por cuatro partidos y no por tres, y que hubieran obtenido el mismo número de votos (alrededor de 54%). Como reclaman 8% por cada uno de sus componentes, si fueran cuatro eso equivaldría a 32% adicional a su 54, o sea 86%, lo que relegaría a 46% de la oposición a un 14% en la Cámara. Además de inconstitucional y antidemocrático, lo que Morena argumenta es irracional.

¿Qué significado político, jurídico e histórico tendría para México que la oposición que ganó en las urnas 46% de la votación legislativa cuente en la próxima Cámara de Diputados con sólo 26% de las curules?

Es el mayor problema que ha enfrentado la democracia mexicana. A partir de que se desconozca el derecho de casi la mitad de los votantes de oposición (su representación en la Cámara equivaldría más o menos el 52% de la que le debería corresponder) ya no se podrá hablar de democracia en México. La sustitución en el poder ya no dependerá de la participación en procesos electorales confiables sino de la decisión del gobierno y sus partidos afines.

En el orden funcional ya no habrá posibilidad de impugnar mediante la acción de inconstitucionalidad ninguna determinación de la mayoría morenista en el Congreso, por lo que podrán legislar como deseen. El sistema de controles, que ahora es débil, será inexistente. El poder será absoluto e incontrolable. Esto se conoce con varios nombres, ninguno de los cuales es democracia.

¿Podría recurrirse a la Suprema Corte si la Sala Superior avala que el 46% de los votos ganados por la oposición se reduzcan a 26% en términos de representación en la Cámara de Diputados?

No. Las decisiones del Tribunal Electoral son inatacables.