Hay decadencia en el servicio público: ministro Hugo Aguilar
La SCJN invalidó por mayoría de votos los requisitos de contar con título profesional y tener un "modo honesto de vivir" para dirigir la Atención Indígena en Baja California Sur.
Al invalidar por mayoría de votos los requisitos de “tener un modo honesto de vivir” y contar con un título profesional para asumir la Dirección de Atención para las Personas Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur, integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatieron sobre la honestidad en el servicio público.
En la sesión de este lunes se resolvió el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre la acción de inconstitucionalidad 124/2026, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.
El organismo impugnó las fracciones I y II de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de la entidad, en las que se establecen los requisitos de contar con “modo honesto de vivir” y con un título expedido por una institución de educación superior para ocupar la Dirección de Atención a este sector de la población.
“En mi caso, voy a estar a favor del proyecto, pero… voy a formular un voto concurrente, por lo que hace a la expresión ‘modo honesto de vivir’… me cuesta admitir que la Corte renuncie a darle contenido a esta fórmula; máximo si en las condiciones actuales en las que vive el país hay una, digámoslo así, hay una decadencia del servicio público.
“No hay principios éticos que lo regulen, se sienten en libertad de hacer lo que es su idea o su voluntad les permite, no hay una sujeción plena a la norma y si es una expresión constitucional creo que se le debe dar contenido”, manifestó el presidente del Máximo Tribunal, ministro Hugo Aguilar Ortiz.
En respuesta, la ministra María Estela Ríos manifestó que, en su experiencia como servidora pública, entre otros cargos fue consejera de la Presidencia, se encontró con gente profesional.
“Sí me preocupa que se hable de un sistema de gobierno generalizando que todos los funcionarios públicos son corruptos y que, por tanto, sí resulta pertinente incorporar este concepto.
“Yo, al contrario, en mi experiencia, la mayoría de la gente es honesta, o sea, cumple con sus funciones y actúa conforme a las obligaciones que establecen las leyes”, expresó la ministra Ríos.
Por mayoría de siete votos, el proyecto de la ministra Esquivel Mossa para invalidar las fracciones impugnadas fue aprobado por el Pleno del Máximo Tribunal.