Presiones judiciales en Sonora por el caso “Bar Adelitas”
Este escenario ha colocado bajo la lupa la conducción del proceso, especialmente por la insistencia en permitir una valoración médica externa
El proceso judicial contra Juvenal Loza Jiménez, alias “El Padrino”, identificado como presunto líder de una red de trata de personas con operaciones en el bar Adelitas, en Tijuana, ha comenzado a generar señalamientos por la actuación de autoridades del sistema de justicia en Sonora.
En el centro de la controversia se encuentra Pedro Contreras Orduño, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, cuya intervención en el caso ha sido cuestionada por presuntamente exceder sus atribuciones al emitir un requerimiento directo al Centro Federal de Reinserción Social número 11 “CPS-Sonora”.
De acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación, dentro de la causa penal 19/2023-III, el funcionario envió un escrito en el que otorgó un plazo de 24 horas a la dirección del penal para permitir el ingreso de un médico externo, propuesto y financiado por la defensa del imputado, con el fin de practicarle una valoración clínica.
Sin embargo, la dirección del centro penitenciario respondió mediante oficios que no consideraba necesaria dicha intervención, al señalar que el interno ya cuenta con atención médica permanente dentro del propio reclusorio, lo que derivó en una tensión entre ambas instancias.
El acuerdo judicial establecía que, una vez cumplidos los protocolos de seguridad, se autorizara el acceso del especialista. “Hágase del conocimiento de la Directora del Centro Federal de Reinserción Social Número 11 ‘CPS Sonora’, para efecto de que… permita que ingrese el perito… y realice la valoración médica”, se lee en el documento.
A pesar de ello, la orden no se concretó en los términos planteados, lo que llevó al juez del caso a emitir un nuevo requerimiento, también con un plazo de 24 horas, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, podrían imponerse medidas de apremio, incluida una sanción económica contra la administración del penal.
Este escenario ha colocado bajo la lupa la conducción del proceso, especialmente por la insistencia en permitir una valoración médica externa, pese a que la autoridad penitenciaria mantiene la postura de que dicha medida carece de justificación.
En ese sentido, el centro penitenciario argumentó que no es procedente autorizar el ingreso de un especialista ajeno, debido a que el interno ha recibido atención constante por parte del personal médico del propio reclusorio, donde se le han realizado diversas evaluaciones y consultas conforme a los protocolos vigentes, lo que garantiza un seguimiento adecuado de su estado de salud.
En paralelo, fuentes cercanas al caso refieren que la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene líneas de investigación relacionadas con posibles actos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación, en el contexto de esta red criminal.
Asimismo, víctimas vinculadas al expediente han manifestado preocupación por el desarrollo del proceso. Aseguran que no han recibido de manera completa las notificaciones de las actuaciones judiciales, lo que, afirman, limita su capacidad de seguimiento y defensa, además de generar un entorno que perciben como revictimizante.
En ese mismo sentido, advierten que ciertas resoluciones emitidas tanto por el administrador del Centro de Justicia como por el juez federal podrían interpretarse como favorables a una de las partes, lo que ha incrementado la desconfianza en el manejo del caso al grado de caer en corrupción.
