Piden cirugía mayor a elecciones; consejerías del INE presentan propuestas

En medio del debate nacional sobre una eventual reforma electoral, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han puesto sobre la mesa un amplio paquete de propuestas técnicas y normativas que buscan actualizar el sistema electoral frente a nuevos desafíos.

Las propuestas, elaboradas por consejerías como Dania Ravel, Martín Faz, Arturo Castillo y Carla Humphrey coinciden en un punto central: el modelo electoral requiere ajustes de fondo para preservar la equidad, la representatividad y la integridad del voto, sin debilitar a la autoridad electoral ni abrir espacios a la opacidad.

Proponen fortalecimiento de la fiscalización

Uno de los ejes más robustos del paquete de propuestas es el fortalecimiento de la fiscalización.

Dania Ravel, Martín Faz y Carla Humphrey coinciden en que el marco legal actual resulta insuficiente frente a prácticas cada vez más sofisticadas de financiamiento irregular.

Entre las coincidencias destaca la necesidad de superar el secreto ministerial, para que el INE tenga acceso oportuno a información de investigaciones relevantes cuando fiscaliza recursos de partidos, candidaturas o terceros.

Establecer sanciones directas a autoridades, proveedores y personas físicas o morales que incumplan requerimientos de la autoridad fiscalizadora.

Crear reglas específicas para la fiscalización de propaganda y servicios digitales, incluidas redes sociales y plataformas extranjeras, obligándolas a contar con representación legal en México.

Dania Ravel y Martín Faz proponen además consolidar en la ley prácticas que ya demostraron eficacia, como la fiscalización en línea y en tiempo real, y facultar expresamente al INE para utilizar inteligencia artificial en el procesamiento masivo de datos, detección de triangulaciones y análisis de gastos.

Regulación de plataformas y propaganda para equidad en comicios

La regulación del entorno digital es otro punto de convergencia. Martín Faz y Carla Humphrey advierten que la propaganda electoral en internet, las campañas negativas, la desinformación y el uso de granjas de bots amenazan la equidad de las contiendas.

Entre las propuestas destacan crear un capítulo específico en la ley para fiscalización digital; obligar a plataformas digitales a establecer oficinas en territorio nacional para atender requerimientos electorales; facultar al INE para solicitar el bloqueo temporal de plataformas que incumplan reiteradamente órdenes legales, con intervención de la autoridad en telecomunicaciones, entre otras cosas.

Estas medidas buscan cerrar espacios a la simulación y evitar que el gasto digital quede fuera del radar institucional.

Ninguno apoyó la propuesta de obligar a “tiempos de Estado” a las plataformas.

Sobre paridad de género y grupos de atención prioritaria

En materia de género y grupos de atención prioritaria, Carla Humphrey y Martín Faz impulsan un rediseño legal que dé certeza y permanencia a avances logrados por vía reglamentaria.

Las propuestas incluyen el incorporar en la Constitución y la ley la irreductibilidad de las acciones afirmativas, con reglas claras para su acreditación y verificación; reconocer y fortalecer el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres, con efectos directos en la suspensión de derechos; establecer la alternancia obligatoria en municipios y dirigencias partidistas así como, garantizar que al menos 50% del financiamiento y del tiempo en radio y televisión se destine a campañas de mujeres, con sanciones a quienes retengan recursos.

También se propone tipificar la violencia política digital, incluyendo la cometida desde redes sociales, influencers o medios de comunicación.

Sistema de partidos y representación

En el ámbito del sistema de partidos, Martín Faz propone revisar el límite constitucional de sobrerrepresentación, con el objetivo de asegurar una correlación más justa entre votos y escaños.

Advierte que eliminar la representación proporcional o sustituirla por modelos mayoritarios acentuaría la concentración del poder y debilitaría el pluralismo.

Como alternativa, plantea explorar modelos de proporcionalidad pura con listas abiertas, donde la ciudadanía decida qué candidaturas ocupan los escaños asignados a cada partido.

En coincidencia con Dania Ravel, también se propone eliminar privilegios obsoletos como las franquicias telegráficas para partidos políticos, sin afectar su funcionamiento ordinario.

Elecciones judiciales: reglas claras y viables

Las elecciones del Poder Judicial ocupan un lugar central en las propuestas.

Arturo Castillo, Dania Ravel y Carla Humphrey coinciden en que la experiencia reciente evidenció vacíos normativos y cargas operativas excesivas.

Entre las propuestas destacan el evitar la concurrencia de elecciones judiciales con las de los poderes Ejecutivo y Legislativo, o en su caso, establecer calendarios y reglas diferenciadas.

Coinciden también en rediseñar las boletas judiciales para hacerlas comprensibles y accesibles; regular claramente los tipos de gastos permitidos, los eventos de campaña y los topes, además de establecer reglas específicas de fiscalización y sanciones para estos procesos.

Arturo Castillo propone además repensar el modelo de cómputos electorales, advirtiendo que plazos excesivamente largos para resultados pueden minar la confianza ciudadana.

Modernización tecnológica para las elecciones

Las propuestas incluyen una apuesta decidida por la modernización tecnológica, como implementar voto electrónico y modelos híbridos, con verificabilidad y auditoría; reconocer constitucionalmente modalidades como el voto anticipado, voto por internet y voto en prisión preventiva y blindar la autonomía e integridad del Padrón Electoral, evitando cualquier intento de fragmentación o transferencia.

El viernes, las once consejerías del INE retomarán la discusión y elaboración de una propuesta de reforma electoral que sería entregada el 12 de enero.

*mcam