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Nacional

Pegará austeridad a protección de víctimas en CEAV

La titular de la Comisión Mara Gómez alerta que la medida de austeridad frenará actividades esenciales; se perdería resguardo del RENAVI y con datos 34 mil 215 víctimas, advierte

Enrique Sánchez | 03-06-2020
Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, Presidencia de la República, Economía, Seguridad, Justicia, Educación, Política, Estados
La titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, alerta que recorte a gastos administrativos frenará acciones prioritarias de la Comisión. Foto: Especial

CIUDAD  DE MÉXICO

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) alertó sobre las consecuencias que tendrá en la operación del mecanismo el recorte presupuestal del 75 por ciento, instruido por la Secretaria de Hacienda para toda la Administración Pública Federal.

Su titular, Mara Gómez Pérez, advirtió que las medidas de austeridad publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a través de un decreto el pasado 23 de abril, “frenarán las actividades esenciales de la CEAV y paralizará su funcionamiento”.

Aseguró que, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano de Gobierno, la comisión resentirá un impacto mayúsculo debido a entre otras circunstancias, no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado —desde el origen de la institución— de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing.

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Además, heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.

La titular de esta Comisión señaló que pese a que argumentaron ante Hacienda que se encuentran en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto sobre actividad esencial, se determinó procedente la reducción de tres cuartas partes del gasto corriente para lo que resta del año, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, “sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.

Explicó que, tan sólo el pago de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados en los próximos seis meses, asciende a 121.9 millones de pesos.

La CEAV detalló los rubros que se verán afectados por el recorte del 75 por ciento del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales:

  • El déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de estas las partidas con la autorización de la SHCP. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación.
  • No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni Internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.
  • El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.
  • Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.

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  • El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.
  • La reducción del 30 por ciento de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.
  • Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
  • El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo —154 de ellos están en etapa de cumplimiento— y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV.
  • Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.

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Adicionalmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.

Sumado a todo ello, se anticipa la desaparición del área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales, así como la imposibilidad de tener control y vigilancia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), debido al desmantelamiento del área, por lo que se incumplirán las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno.

La CEAV puntualizó que a consecuencia del recorte presupuestal cancelará la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia de comunicación digital, para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas a las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social.

Pese a todo esto, “la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas”.

 

*jci

 

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