Niegan amparo a militar en el caso Ayotzinapa
Un tribunal negó el amparo al capitán preso por el caso Ayotzinapa; enfrenta una pena que podría alcanzar hasta 70 años.
Un tribunal federal negó la protección de la justicia al capitán de infantería José Martínez Crespo, uno de los militares procesados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El militar, recluido desde noviembre de 2020 en instalaciones del Campo Militar 1-A, impugnó la decisión de una jueza federal que determinó trasladar la causa penal iniciada en su contra al marco jurídico de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, legislación que contempla sanciones más elevadas.
Martínez Crespo, quien formó parte de la estructura de mando del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, fue el primer integrante del Ejército detenido por su presunta participación en los hechos relacionados con la desaparición de los normalistas.
Inicialmente se le dictó auto de formal prisión por el delito de desaparición forzada de personas con base en la legislación vigente en Guerrero, la cual establece penas de entre 30 y 50 años de prisión cuando existen circunstancias agravantes.
Sin embargo, en julio de 2024, la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México resolvió que el expediente debía analizarse conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Ese ordenamiento, vigente desde enero de 2018, establece penas de entre 40 y 70 años de cárcel para quienes sean encontrados responsables del delito de desaparición forzada.
Ante esa determinación, la defensa del capitán promovió un juicio de amparo y argumentó que la aplicación de una legislación posterior a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 violaba el principio constitucional de irretroactividad de la ley.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación rechazaron ese planteamiento. En su resolución establecieron que, por su naturaleza, la desaparición forzada constituye un delito permanente o continuo, es decir, su consumación no termina con la privación de la libertad de la víctima, sino que permanece mientras se desconozca su ubicación o destino.
Bajo ese criterio, el tribunal determinó que los hechos comenzaron a consumarse el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes en Iguala, pero jurídicamente continuaron después de la entrada en vigor de la nueva legislación federal debido a que el paradero de las víctimas seguía sin conocerse.
Los magistrados señalaron que, al menos hasta agosto de 2020, fecha en que fue consignada la averiguación previa, la conducta investigada continuaba produciendo efectos, debido a que los jóvenes no habían sido localizados ni existía certeza sobre su destino.
Por esa razón, consideraron que aplicar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada no implica crear un delito distinto ni modificar de manera retroactiva una conducta que anteriormente no estuviera sancionada.
El órgano jurisdiccional también concluyó que la aplicación de la legislación federal no vulnera el principio de legalidad ni agrava de manera indebida la situación jurídica de Martínez Crespo.
Con esta resolución, permanece vigente el traslado normativo de la causa penal contra el capitán, mientras continúa el proceso relacionado con la desaparición de los 43 normalistas, caso que el próximo septiembre cumplirá 12 años sin que se haya esclarecido plenamente el destino de los estudiantes.