Gobierno envía policías a playas Las Cocinas, mientras crecen delitos en Nayarit

Mientras en varios municipios de Nayarit se registran enfrentamientos entre células del crimen organizado, con episodios que han dejado disparos y personas heridas, la administración de Miguel Ángel Navarro Quintero concentró el despliegue de elementos de seguridad pública estatal en la contención de una manifestación en zona federal, en Punta de Mita. 

La decisión ocurre en un contexto marcado por reportes reiterados de violencia en distintas regiones del estado, donde habitantes han alertado sobre la persistencia de riesgos sin una respuesta visible de la misma magnitud.

No es la primera ocasión en que el gobernador de Nayarit recurre al despliegue de corporaciones policiales para disolver manifestaciones. También se han girado instrucciones para abrir carpetas de investigación contra quienes participan en estas protestas, entre ellos trabajadores sindicalizados del estado y voces críticas de su administración. 

Estos antecedentes han sido señalados por distintos sectores como parte de una respuesta institucional que privilegia la contención de la disidencia.

En esta ocasión la protesta está enfocada contra los desarrolladores Cantiles de Mita, del Grupo Dine, responsables del proyecto Montage en la playa Las Cocinas, donde los habitantes de la región salieran a manifestarse para oponerse a lo que consideran un intento de despojo y privatización de este espacio, donde, aseguran, desde hace semanas opera maquinaria pesada en la zona federal, removiendo rocas y arena desde tempranas horas.

En respuesta, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero emitió una advertencia en torno a las movilizaciones. Indicó que no permitirá acciones que vulneren el libre tránsito y planteó que grupos delincuenciales podrían estar influyendo en la protesta para afectar inversiones en la región.

De acuerdo con los pobladores, al intentar documentar los trabajos, decenas de agentes de la policía estatal, que resguardaban la zona federal marítimo terrestre, detuvieron al menos a tres manifestantes identificados como Antonio Benavides de la Cruz, Fabricio Yáñez y Sandra Cano Navarro, los cuales fueron liberados las primeras horas de este miércoles. 

Los inconformes señalan que fueron sometidos con violencia y trasladados a la agencia del Ministerio Público (MP) con sede en Bucerías, bajo el argumento de haber invadido el área delimitada por la empresa.

El conflicto escaló luego del fracaso de las negociaciones entre ciudadanos, autoridades locales y la empresa desarrolladora. Los manifestantes acusan que la construcción de un muro de piedra está afectando el entorno natural y restringiendo el acceso a Playa Las Cocinas, una zona tradicionalmente abierta al público.

A la par del reclamo ambiental, los habitantes expusieron la escasez de agua potable en sus comunidades. Señalan que, mientras complejos turísticos de alto nivel en Bahía de Banderas disponen de suministro constante, las localidades cercanas enfrentan un desabasto persistente, situación que, aseguran, detonó el descontento.

Integrantes del comité ciudadano señalaron inconsistencias en el proyecto. Afirmaron que existen diferencias en los números de expediente entre dependencias como Semarnat y Profepa, además de la presunta ausencia de una manifestación de impacto ambiental.

También acusaron falta de disposición por parte de los desarrolladores para atender sus demandas, lo que, dijeron, podría prolongar los bloqueos.

El conflicto continúa activo en Punta de Mita. Los habitantes advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta que se garantice el acceso público a la playa y el cumplimiento de la ley.

Diputada de Morena denuncia posible ecocidio y restricción de acceso en playas de Punta de Mita

La diputada de Morena, Andrea Navarro, advirtió sobre presuntas afectaciones ambientales y violaciones al libre acceso en la zona de “Las Cocinas”, en Punta de Mita, Nayarit, donde, aseguró, se realizan obras dentro de la zona federal marítimo terrestre.

En entrevista con Excélsior, la legisladora señaló que las intervenciones, que incluyen maquinaria operando dentro del mar, la construcción de muros rocosos y descargas derivadas de los trabajos, estarían alterando la dinámica ambiental del área, con impactos en flora y fauna. 

“Se están vulnerando leyes. La zona federal pertenece a la nación y no se pueden hacer obras particulares ahí, además de que debe respetarse el espacio de 20 metros desde la última marea para el libre tránsito”, explicó.

Navarro sostuvo que el relleno en la franja costera y otras modificaciones físicas podrían provocar la pérdida de playa y limitar el acceso público de forma permanente. Añadió que especialistas han advertido sobre daños que podrían ser irreversibles, luego de la afectación a rocas y vegetación nativa, así como escurrimientos que alteran el entorno marítimo.

La diputada también denunció que habitantes de la zona han sido impedidos de transitar libremente por la playa debido a la presencia de personal de seguridad, lo que, dijo, apunta a un intento de privatización. “En México no existen playas privadas. El acceso es un derecho y forma parte de los bienes de la nación”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó la actuación de autoridades estatales tras la detención de cuatro personas que participaban en manifestaciones contra las obras. Señaló que los detenidos son conocidos en la comunidad por su labor como defensores del medio ambiente y rechazó los señalamientos que los vinculan con actividades delictivas.

“La policía está para cuidar a la población, no para reprimirla. Se trata de personas que han defendido el entorno durante años”, indicó. Asimismo, puso en duda la presencia de la Policía Estatal en la zona federal, al señalar que este tipo de áreas son competencia de la Secretaría de Marina, por lo que pidió revisar si existe algún acuerdo de colaboración que justifique su actuación.

Navarro consideró que el uso de la fuerza pública en este caso representa un acto de represión y llamó a respetar los derechos humanos, en particular el derecho a un medio ambiente sano y al libre tránsito.

La legisladora informó que desde hace dos semanas se analiza el caso junto con habitantes de Punta de Mita, y adelantó que se impulsarán acciones para evitar prácticas como la publicidad engañosa en desarrollos inmobiliarios que ofrecen supuestos accesos exclusivos a playas.