Impulsan desde Michoacán reforma de ley para proteger a víctimas, denunciantes y testigos en procesos penales
La propuesta será remitida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso de Michoacán
Con el objetivo de fortalecer la protección de víctimas, denunciantes y testigos que participan en procesos judiciales y reducir los riesgos que enfrentan al colaborar con las autoridades, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó una iniciativa de reforma procesal penal a nivel federal.
La propuesta será remitida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso de Michoacán, se informó en un comunicado, donde el mandatario estatal reportó que nueve de cada 10 delitos no son denunciados, principalmente por la desconfianza y el temor de la ciudadanía hacia las autoridades.
Ramírez Bedolla explicó que la reforma busca generar condiciones de seguridad para quienes aportan información a las investigaciones, así como para sus familias.
La iniciativa contempla protocolos y herramientas tecnológicas de protección a la identidad, imagen, voz y demás elementos que pudieran identificar a las víctimas o testigos”, explicó.
El proyecto también plantea fortalecer la actuación de policías y fiscalías desde el momento en que se detecte una situación de riesgo, con el propósito de prevenir agresiones o represalias contra quienes intervienen en procesos penales, abundó el Gobernador de Michoacán.
La iniciativa da seguimiento a un planteamiento presentado por Ramírez Bedolla desde diciembre pasado ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por la Presidenta Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con el Gobernador, el proyecto cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo estatal, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
La propuesta contempla modificaciones al artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
También plantea cambios a las leyes generales en materia de desaparición, secuestro y extorsión, además de adicionar el artículo 30 Bis a la legislación contra este último delito.
El objetivo central es establecer mayores mecanismos legales y tecnológicos para preservar la identidad y seguridad de las personas que participan en investigaciones y procesos penales.