HRW pide a la ONU pronunciarse contra represión en Nicaragua

CIUDAD DE MÉXICO

Human Rights Watch hizo un llamado a la ONU para que se pronuncie de manera firme en el caso de la creciente campaña de violencia y represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil que emprende el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, de cara a la elección presidencial del próximo 7 de noviembre.

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A través de un informe dado a conocer este martes, el organismo internacional, que encabeza José Miguel Vivanco, concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos “parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo”.

Refirió que entre el 2 y el 20 de junio, las autoridades nicaragüenses detuvieron e iniciaron procesos penales arbitrarios contra cinco de los principales precandidatos presidenciales opositores y al menos otros nueve reconocidos críticos del gobierno.

“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional. Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el secretario general potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”, señaló.

Anoche, la policía nicaragüense allanó la casa del reconocido periodista Carlos Chamorro, conductor del diario Confidencial.

“EXIJO QUE CESE EL ASEDIO POLICIAL. Mi esposa Desirée Elizondo y yo salimos de Nicaragua, para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua”, señaló en Twitter el también conductor del programa Esta Semana.

El director para las Américas de HRW advirtió que la crisis en este país centroamericano tiene repercusiones alarmantes a nivel regional con más de 108 mil nicaragüenses que se han visto obligados a huir de su país desde la represión del gobierno en 2018. Dos terceras partes han buscado refugio en la vecina Costa Rica, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Además, la pandemia de Covid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses.

“Sobre la base de su Llamado a la acción por los derechos humanos, el secretario general debería invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, como una crisis de proporciones cada vez mayores que involucra graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región”, sostuvo Human Rights Watch.

La última reunión del Consejo de Seguridad sobre la alarmante situación de derechos humanos en Nicaragua fue en septiembre de 2018, a petición de Estados Unidos.

Como parte de este Informe, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias.

En tanto, las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos reportan que 124 personas han sido percibidas como críticas y por ello, detenidas arbitrariamente hasta junio de 2021.

Daniel Ortega ha estado en el poder desde 2007. En 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que le permitió ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato consecutivo. Una reforma constitucional aprobada en 2014 por su partido –que controlaba, y aún controla, la Asamblea Nacional– derogó los límites presidenciales, permitiendo que se volviera a postular en 2016 y ahora en 2021.

“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos”.

“Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde”, previno Vivanco.

MÉXICO Y ARGENTINA

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, consideró como una vergüenza que México y Argentina se abstuvieran de votar la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de condenar lo ocurrido en Nicaragua bajo el argumento de respeto a la vida institucional de ese país.

“Lo que ocurrió en la OEA es una vergüenza y lo es porque no solo son dos democracias latinoamericanas muy importantes e influyentes que se abstienen de condenar un hecho que evidentemente constituye una violación a los derechos humanos y a la carta democrática.

“No solo se abstienen, sino que invocan el principio a la no injerencia para justificar su posición y algo que resulta aún más escandaloso es que aluden a una presunta existencia de instituciones democráticas en Nicaragua”, subrayó.

Mientras tanto, este lunes se dio a conocer que México y Argentina llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en Managua, para que expliquen lo que consideran las “preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición”.

“México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos”, subrayó la Cancillería.