Lo más importante que sucedió en nuestro país en los últimos días no fue la entrega a EU de otros 37 delincuentes, tampoco las reiteradas amenazas del presidente Trump de intervenir territorialmente en nuestro país (bostezo que amenaza con dislocarme los cóndilos) ni la captura del líder extorsionador de los limoneros, El Bótox, ni los discursos en Davos del secretario de Comercio, Howard Lutnick, que describen al T-MEC como una camisa de fuerza para la economía norteamericana. No. Lo más importante fue la reunión convocada en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum a ocho destacados/as economistas que no se distinguen por ser fieles seguidores de la doctrina del actual gobierno. Por el contrario, aunque con méritos desiguales, la mayoría se ha distinguido por opinar con independencia crítica sobre el rumbo de la economía nacional. Una de los ocho, la doctora Gabriela Dutrénit, fue de las y los 31 científicos y administradores de la ciencia perseguidos penalmente por la extitular del Conahcyt, la neoestalinista María Elena Álvarez-Buylla.
La reunión es una señal de alarma; un reconocimiento discreto, pero explícito, de que las cosas no van nada bien en la economía nacional. Discreto porque, si bien fue frente al gabinete, particularmente frente a quienes tienen responsabilidades económicas, fue a puerta cerrada y con comunicados de prensa sin especificar quiénes fueron los profesionistas invitados y, sobre todo, ocultando lo conversado en la reunión. Los invitados fueron la ya mencionada doctora Gabriela Dutrénit; Gerardo Esquivel, quien, afortunadamente, ya se cansó de buscar los 500 mil millones de pesos que, predijo, encontrarían en 2018, y puede dedicar su talento a mejores fines; Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM; Mariana Rangel Padilla, del neoliberal (¡oh, sí!) Tec de Monterrey; Juan Carlos Moreno Brid, académico de la UNAM; Héctor Villarreal Páez, fundador del CIEP y destacado especialista en materia fiscal; Fausto Hernández Trillo, economista del CIDE con importantes tesis sobre el federalismo, y Ana María Aguilar Argáez, a quien los empresarios escuchan con gran respeto.
Frente al discurso público de la propia Presidenta de que todo va de maravillas, las giras en las que multiplica los anuncios de nuevos programas sociales con nuevos beneficiarios, como si no hubiera aumentado la deuda y no pesara el déficit fiscal y los reiterados anuncios de falsos récords de inversión nacional y extranjera, el evento tiene un valor simbólico innegable. La Presidenta invita a los profesionistas a que hablen sobre las causas del no crecimiento frente al gabinete, incluyendo el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ferozmente criticado en reuniones académicas por varios de los asistentes. El mensaje es éste: las cosas no van bien, quizá tendremos que cambiar.
Si del valor simbólico se pasará a los hechos es algo difícil de aquilatar. El caso de la doctora Dutrénit ejemplifica uno de los factores que limita los tímidos amagos de independencia de la Presidenta. ¿Por qué la doctora Álvarez-Buylla no está siendo investigada, no sólo por los síntomas evidentes de corrupción e incompetencia durante su gestión en el Conahcyt, sino por el inmenso daño hecho a la ciencia de nuestro país? Por el contrario, se le premia nombrándola investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII). ¿Por qué? Por pavor. Porque en Palacio Nacional le tienen pavor a López Obrador.
Además del temor de enojar al señor de Palenque, la propia Presidenta ha contribuido a construir la tela de araña que la limita. Hay muchos factores que explican el crecimiento anémico de nuestro país, pero el principal es la insuficiente inversión pública y privada. La primera abundante en corrupción e incompetencia. La segunda, en estado de hibernación desde hace varios años. Los grandes empresarios sí están invirtiendo, pero en otros países. Pequeños y medianos se las ven negras. La mandataria ha contribuido decisivamente a esa parálisis al defender y promover la (contra) reforma al Poder Judicial. En reuniones públicas y privadas, en el país y en el extranjero, se señala la falta de Estado de derecho y la desconfianza en las instituciones mexicanas como una de las razones para no invertir. ¿Qué sucederá cuando en octubre de 2027 tome posesión como presidenta de la Suprema Corte (guinda) la talibán Lenia Batres? Al clima adverso a la inversión, la Presidenta parece decidida a sumar un factor que alejará aún más la confianza: una reforma electoral que confirme que México abandonó la lista de países democráticos; un gobierno que se hace de la mayoría constitucional mediante el robo y haciendo uso de este procedimiento ilegítimo e inconstitucional busca perpetuarse en el poder siguiendo el guion venezolano. Si no queremos terminar igual, hagamos las cosas de forma radicalmente diferentes.