Expropiar áreas protegidas en Baja California Sur es inviable, aseguran empresarios
Rancheros de Sierra La Laguna advierten que una expropiación impulsada en Baja California Sur podría afectar derechos de propiedad y posesión histórica.
Expropiar terrenos por parte del gobierno de Baja California Sur, que encabeza Víctor Castro Cosío, denominados de Turismo de Bajo Impacto como el de Sierra La Laguna abriría otro conflicto, afirman en el Consejo de Rancheros del Área Natural Protegida, empresarios que advierten sobre un riesgo de despojo.
La reserva ya cuenta con protección federal desde 1994; rancheros cuestionan que la solución sea quitar derechos de propiedad o posesión a quienes han vivido por generaciones en la zona”, señalaron.
La expropiación de terrenos dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna no sería un procedimiento automático ni una medida que pueda aplicarse únicamente por tratarse de una zona ambientalmente estratégica. En México, la adquisición forzosa de propiedad privada por parte del Estado requiere que exista una causa de utilidad pública prevista en la ley y que se siga el procedimiento correspondiente.
En ese contexto, mientras activistas y organizaciones civiles impulsan la posibilidad de expropiar predios para reforzar la protección de la Sierra, habitantes de la zona advierten que una medida de este tipo podría abrir un nuevo conflicto: afectar los derechos de rancheros que han vivido durante décadas —y en algunos casos generaciones— dentro del Área Natural Protegida.
Rosario Guadalupe Rosas, integrante del Consejo de Rancheros del Área Natural Protegida y dedicada desde hace 30 años al turismo de bajo impacto, manifestó su rechazo a una eventual adquisición forzosa de terrenos.
Claro que estoy en contra, porque aquí se maneja un tema muy grande: Sierra La Laguna y Sierra La Laguna somos todos. Son 112 mil hectáreas donde viven rancheras y rancheros”, señaló.
La dimensión territorial de la discusión es relevante. La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna tiene una superficie de 112 mil 437 hectáreas y fue decretada como Área Natural Protegida el 6 de junio de 1994. Su protección no depende de una eventual expropiación: el decreto de creación y el Programa de Manejo establecen reglas para la propiedad, posesión y aprovechamiento de los terrenos que se encuentran dentro de la Reserva.
De acuerdo con Rosas, uno de los principales riesgos de llevar adelante una expropiación sería que la medida termine afectando a personas que carecen de títulos formales de propiedad, pero que mantienen una relación histórica con la tierra.