En 2024 se eligió a la primera mujer presidenta de la historia de México. Sin embargo, eso no significó que las elecciones fueran íntegras o ejemplares. Los comicios estuvieron marcados por los mayores niveles de violencia político-electoral de la historia moderna del país, impulsados por la participación del crimen organizado.
Los cárteles utilizaron atentados y amenazas para inclinar la balanza en las contiendas de gubernaturas. Las mafias buscan dominar puestos a nivel estatal y municipal para subordinar a las policías y asegurar impunidad en sus rutas y economías ilícitas. Sinaloa es la prueba fehaciente del destructivo impacto del narco en la vida política del país. Otro cáncer que proviene de 2024 es la compra de votos y el clientelismo electoral. Con toda impunidad se intercambian favores, bienes materiales, dinero en efectivo y el condicionamiento de programas sociales a cambio del apoyo político o la subordinación electoral. Estas prácticas siguen arraigadas.
En un marco creciente de cuestionamiento a la autonomía de los organismos electorales, la semana pasada el INE puso en marcha el proceso comicial 2026-2027, en el que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.
En medio de la ceremonia, el consejero electoral del INE, Arturo Castillo, puso el dedo en llaga. Con valentía, advirtió que el contexto actual representa “el escenario perfecto para una elección cuestionada”. El consejero explicó que su preocupación se sostiene en tres factores que, a su juicio, ponen en riesgo la legitimidad del proceso:
1. La mayoría de los partidos políticos no están dispuestos a sujetarse a las leyes que ellos mismos diseñaron y han adelantado actividades de campaña, pese a la regulación vigente desde 2007, en algunos casos con hasta 75 días de anticipación.
2. Desde las reformas de 2013 el INE ha absorbido nuevas atribuciones (elecciones locales, mecanismos de participación ciudadana y transparencia partidista); mientras que en los últimos nueve años ha enfrentado recortes de hasta 40% a su presupuesto.
3. Finalmente, lo más grave: tenemos un árbitro que no arbitra. El INE ha “claudicado a su función de vigilar y arbitrar”, al no exigir que partidos y gobiernos respeten los tiempos electorales en detrimento de la equidad de la contienda.
Las palabras del consejero no deben tomarse a la ligera. De no corregirse el rumbo, México podría llegar al 6 de junio de 2027, tal y como lo sentenció Castillo: “con votos contados, pero con resultados cuestionados”.
La credibilidad ciudadana en las instituciones democráticas se viene diluyendo de manera dramática. Lo que México construyó minuciosamente durante tres décadas, se viene desarmando en una ruta estratégica que busca docilidad y obediencia. El proceso de captura institucional está en todos los manuales del populismo autocrático del continente.
BALANCE
El llamado que se hace desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática es el correcto. La observación electoral nacional debe recargarse y ocupar un papel estelar en las elecciones de 2027. La construcción de una Alianza Democrática por la Observación Electoral es posible e indispensable.
Sin embargo, la observación nacional debe ir más allá. Un ejercicio de esta envergadura debe convocar a todos: organismos empresariales, universidades y centros de investigación y organizaciones cívicas y sociales del más amplio espectro.
Más allá de la jornada electoral, los intentos por trastocar la voluntad popular ya están en curso. Se necesita documentar y acreditar la compra de votos, el clientelismo y sobre todos los lances del crimen organizado por capturar a los poderes públicos. Será una tarea titánica.