El auditor del NAICM rechaza dolo o política; pago de pasivos duraría 26 años, afirma

CIUDAD DE MÉXICO.

Agustín Caso Raphael, el auditor especial que tuvo a su cargo la fiscalización sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, aseguró que en los resultados de esa revisión nunca habló de corrupción ni quiso lastimar la investidura presidencial.

Rechazó haber recibido presiones externas o internas y advirtió que la conclusión del pago de los pasivos por la obra cancelada podría durar hasta 26 años más.

“No existió dolo o motivación política en el equipo auditor. De ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno que fue legítima y democráticamente electo”, dijo como parte de las mesas de trabajo que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados tendrá cada martes para analizar la Cuenta Pública 2019.

Sin embargo, Caso Raphael, quien está separado del cargo, se negó a responder por qué suscribió en un comunicado que había errores en los resultados, luego de que el presidente López Obrador impugnó la auditoría 1394-DE, sobre la cancelación de dicha obra.

“Nunca he sido presionado, por nadie en mi carrera, ni por agentes externos ni por agentes internos”, aclaró.

Al ser interrogado por los diputados, en varias ocasiones contradijo el comunicado. “No hay error: hay una metodología que arroja una serie de cifras”, señaló.

Fue reiterativo en que hay diversos enfoques para sopesar los costos de oportunidad de una obra cancelada. “No hay dolo, no hay mala fe, no hay error”, remarcó.

“Ni dolo ni error en auditoría al NAICM”

Al advertir que la conclusión del pago de los pasivos por la obra cancelada del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco podría durar hasta 26 años más, el auditor especial de desempeño, Agustín Caso Raphael, aseguró que la fiscalización a su cargo nunca habló de corrupción ni pretendió lastimar la investidura presidencial.

Como parte de las mesas de trabajo que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados tendrá cada martes para analizar la Cuenta Pública 2019, el funcionario separado temporalmente de su cargo rechazó haber recibido presiones externas o internas.

“Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor. De ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno, que fue legítima y democráticamente electo”, sostuvo.

Sin embargo, se negó a responder la pregunta recurrente de los legisladores de por qué dos días después de presentar el informe de resultados, ante la impugnación hecha por el presidente López Obrador a la auditoría 1394-DE, correspondiente a la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, suscribió en un comunicado que había errores en el documento.

“Me encuentro imposibilitado para manifestarme al respecto, ya que actualmente se encuentra en curso, un proceso administrativo”, justificó.

“Nunca he sido presionado, por nadie en mi carrera, ni por agentes externos, ni por agentes internos”, aclaró.

Pero en la ronda de preguntas de los diputados, en varias ocasiones contradijo el controvertido comunicado.

“No hay error: hay una metodología que arroja una serie de cifras. Es muy respetable la posición del secretario de Hacienda, (Arturo Herrera) y desde luego sus consideraciones y análisis serán debidamente tomadas en cuenta, en el proceso de seguimiento de la propia Auditoría”, planteó.  

Reiterativo en la idea de que existen diversos enfoques para sopesar los costos de oportunidad de una obra cancelada, el funcionario remarcó:  “No hay dolo, no hay mala fe, no hay error”. 

Caso Raphael expuso tener 50 años de experiencia en materia de fiscalización e insistió que el informe en cuestión contiene mil 400 auditorías.

“De corazón les expreso que no es justo, por un informe individual, poner en tela de juicio una institución tan seria como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 “No estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado; se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse en 26 años”, alertó.

El auditor Caso Raphael defendió los cálculos presentados en la cuenta pública 2019 en tanto se apegan, dijo, a la metodología constitucional e internacionalmente aceptada.

Dijo a los diputados que, por el bien de la República, deben transparentarse los costos de esa cancelación y rechazó la posibilidad de ofrecer una nueva cifra en tanto se encuentra en marcha la confrontación de métodos y enfoques sobre el costo tanto económico como contable.

Insistió en que existe un vacío de ley con respecto a cómo proceder cuando se suspende la construcción de una infraestructura como el aeropuerto internacional.

Explicó que en la auditoría 1394-DE se valoran los tres tipos de costo de la obra que se inició hace siete años y se presentan proyecciones a futuro que son estimaciones, que pueden o no concretarse.

Indicó que se contemplaron dos grandes conceptos en el proceso de cancelación, 163 mil 540 millones de pesos erogados hasta 2019, y 168 mil 455 millones de pesos de costos adicionales.

“No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan con igual validez dos ópticas distintas, a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”, sostuvo.