Derecho humano al agua, en el limbo legislativo

CIUDAD DE MÉXICO.

A partir de este martes, el Congreso tendrá tres meses de plazo para construir una Ley General de Aguas que cumpla con la instrucción que esta semana le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para lograrlo, los legisladores deberán superar, en el próximo periodo de sesiones, el estancamiento en el que se quedó el debate en fracasados esfuerzos anteriores entre quienes pretenden eliminar toda participación del sector privado y los que rechazan la necesidad de regularla.

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz Álvarez (Morena), adelantó a Excélsior que esta misma semana comenzará a trabajarse en una propuesta que, como ya lo establece la Constitución, garantice que el agua deje de ser producto o un servicio para convertirse en un derecho.

Bajo esa perspectiva, el representante de la mayoría en San Lázaro, cámara de origen de este proceso legislativo, aseguró que la futura ley “deberá darle agua a ese 10 por ciento de la población nacional, es decir, 12 millones 600 mil mexicanos que el día de hoy no cuentan con una red de agua potable, en sus comunidades, en colonias o en suburbios de más de 200 ciudades mexicanas”.

Pero el diputado Mario Mata Carrasco (PAN), secretario de esa comisión, alertó que, como sucedió en la Legislatura anterior, existe el riesgo de que la discusión se atore en la idea de desaparecer la ciudadanización del agua, en su administración y abastecimiento. “Que son los distritos, los modos y las unidades de riego, y volver a lo anterior en donde el gobierno era el administrador de todo, y en el que había una corrupción total y que se hacía casi imposible la actividad agropecuaria”, previó.

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (Movimiento Ciudadano), también secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, planteó la importancia de despolitizar el tema y encontrar un justo medio que preserve la participación que actualmente tiene el sector privado, mediante concesiones en varios sistemas municipales, al tiempo que se garantice la rectoría del Estado.

Si lo politizamos y lo llevamos al extremo, pues no va a salir la ley”, advirtió el experredista y quien en la 62 legislatura fue parte de uno de los intentos fallidos por regular el párrafo sexto constitucional.

Gaudiano Rovirosa alertó sobre otro riesgo: “No queremos que nos dicten una ley desde afuera para que nosotros la aprobemos. ¡No! Vamos a garantizar el derecho humano al agua con una ley construida desde el Legislativo y después de escuchar a todas las partes”.

HABRÁ SISTEMA DE MONITOREO: MORENA

El presidente de la Comisión Rubén Muñoz Álvarez, definió que, además de construir una ley que garantice la cobertura donde todavía no se cumple, deberá ser un instrumento para asegurar la calidad del agua.

Ha llegado el momento en que México deba comenzar a hacer un sistema nacional de monitoreo de la calidad de sus aguas, y particularmente de esa agua que le damos a la población mexicana en todo el país”, planteó el expresidente municipal de La Paz, Baja California Sur.

Cuestionado sobre la ruta a seguir ante la resolución de la Corte, el legislador de Morena afirmó que ésta deberá ser acatada.

Explicó que, en las tres legislaturas anteriores, 62, 63 y 64, no se logró la regulación secundaria pendiente porque hubo dos interpretaciones del transitorio correspondiente.

Una interpretación decía que había que hacer la ley reglamentaria del 4to constitucional. Y hubo una segunda, que terminó socializándose con distintos grupos, de académicos, de investigadores y de colectivos de la sociedad civil que dijeron, aprovechemos esta coyuntura, y en vez de hacer un artículo reglamentario, o una ley reglamentaria del 4to constitucional, vamos haciendo una nueva Ley General de Aguas, que sustituya a la que se expidió en 1992”.

Y aunque se hicieron diversas consultas en la materia, las opiniones se fueron polarizando, contó, entre “hacer una derogación de la ley de aguas actual, o cumplir con lo que dijo la 62 Legislatura que era, hagamos una ley reglamentaria del 4to constitucional”.

Muñoz Álvarez confió en que esta vez se podrán conciliar las distintas visiones, colocando en el centro la importancia de contar con procesos de monitoreo de la calidad del agua y la instalación de plantas potabilizadoras donde hay casos de intrusión salina, agua con minerales e incluso arsénico.

La Suprema Corte dio de plazo hasta el 30 de abril al Congreso para expedir una ley. Foto: Archivo

QUE PAGUEN LOS QUE CONTAMINAN

Lo más importante es que el agua tiene que ser la primera fuente de salud de los mexicanos”, definió.

Otro punto importante es que queremos que el que contamine, pague. Pero además de pagar, descontamine”, adelantó.

Pretendemos una gran cruzada para fiscalizar el agua no contabilizada, que muchas empresas, organismos municipales o estatales, transnacionales, empresas agrícolas, usan agua sin pagar los derechos que por ley están obligados a hacer. La propuesta es muy concreta: quien use agua, que pague por ella, y que con este recurso se pueda constituir un fondo de infraestructura hidráulica”, enumeró.

Cuestionado acerca de la postura de Morena sobre la participación de la iniciativa privada en el sector, aclaró:

Los contratos que ya fueron otorgados tienen que ser revisables. Toda concesión debe estar siendo evaluada y analizada por los organismos y por los gobiernos estatales que la dieron”, previó.

Expuso que esas revisiones deberán constatar, por ejemplo, si el agua se abastece con calidad y con oportunidad. Y se refirió a los casos de Cancún y de Puebla.

Detalló que para cumplir el mandato de la Corte se sumarán al análisis legislativo las comisiones de Puntos Constitucionales y la de Medio Ambiente.

Si bien se trata de una ley que con los votos de una mayoría simple podría salir adelante, el diputado Muñoz Álvarez pronosticó: “Vamos a hacer una ley con un gran consenso, entre todas las fracciones parlamentarias, porque el agua no tiene color y tiene que ser un motivo de unidad de los mexicanos”.

El 8 de febrero se cumplirá el décimo aniversario del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua, sin ley que lo regule.

DESVIRTÚA IDEOLOGÍA EL DEBATE

El diputado Mario Mata Carrasco explicó que, a nivel mundial, se ha establecido que el acceso universal al agua debe traducirse a por lo menos 100 litros por día por persona y que ésta debe ser asequible, accesible y potable según las normas correspondientes.

Recordó que, en la 64 Legislatura, a la que él perteneció, se retomó la propuesta de ley reglamentaria del titular de Conagua, David Korenfeld, del sexenio anterior. “Pero todo se ideologizó”.

El legislador del PAN reseñó que en 2018 se pretendió sustituir este debate con la propuesta de Morena de Agua para todos en la que supuestos comités ciudadanos habrían de decidir si las actuales concesiones son viables. “Su intención final es desparecer la iniciativa privada, la que produce la actividad agropecuaria y que realmente sostiene esta actividad en el país, porque la de autoconsumo o la pequeña, pues realmente no es suficiente para las necesidades de nuestro país”, explicó.

Para el panista, el tema del desacato que ahora la SCJN ordena regular se refiere al agua potable que se utiliza en los hogares y que es de uso público urbano, “la de tomar, la del aseo y su saneamiento”.

Sin embargo, en opinión del diputado Mata Carrasco, “el irse con ese pretexto a atacar por una cuestión ideológica la otra vertiente, que es el uso hidráulico y que representa el 85 por ciento del uso del agua, resulta insensato”.

El legislador de Acción Nacional consideró que una cosa es atender la omisión legislativa y otra pretender violar en una ley reglamentaria el 27 constitucional que, desde 1917, dice que las tierras y las aguas de la nación pertenecen originalmente a éstas, pero que tiene y tendrá la facultad de concesionar su uso a los particulares, estableciendo así la propiedad privada.

Para mí no hay ninguna duda: nosotros no debemos tocar la Ley de Agua Nacionales, con el pretexto del derecho universal al agua. Podemos dar mayor presupuesto y funciones a Conagua y a los organismos de cuenca y a los comités de técnicos de agua subterránea. Pero lo que no debemos de hacer, en ningún momento, es poner en peligro la certeza jurídica de quien invierte para producir”, advirtió.

DISCUSIÓN TÉCNICA, NO POLÍTICA

Si bien en la legislatura anterior se presentaron tres iniciativas encaminadas a cubrir la omisión que ahora la SCJN mandató superar a más tardar el 30 de abril, no existe ningún dictamen en puerta para regular las competencias de la federación, los estados y los municipios en la materia.

Así que los diputados deberán construir un nuevo texto, procesarlo en comisiones, llevarlo al pleno y posteriormente someterlo a la revisión del Senado.

Para el diputado Gaudiano Rovirosa (MC) de no cumplir con el mandato de la Corte, “vamos a seguir metiendo en estrés hídrico a nuestro país, porque la autoridad tiene la obligación de garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico”.

A su juicio deben analizarse las iniciativas existentes en ambas cámaras y construir un consenso. “Escucharemos las posturas de todas, de la Conagua, por supuesto. Pero no queremos respeto a la autonomía del Congreso. Si la pretenden construir afuera, va a ser muy difícil que prospere”, alertó.

Confió el legislador por Tabasco en la posibilidad de de encontrar coincidencias, “porque el agua es un tema sin duda técnico, no un tema político, no lo podemos politizar, y evidentemente hay intereses, y tenemos que buscar un punto medio entre los que están pidiendo en concreto, por ejemplo, esta asociación de Agua Para Todos, que no participen para nada el sector privado. Y el otro extremo, que plantea que todo lo debe de manejar la iniciativa privado”.

Gaudiano Rovisora enfatizó que en la futura reglamentación deben coexistir la participación del sector privado y el papel rector del Estado en la distribución del agua. “Tenemos que encontrar un equilibrio”, subrayó el diputado de Movimiento Ciudadano.

BUSCAN FIN A UN VACÍO LEGAL DE UNA DÉCADA

En una evidencia más de las garantías de papel que el Congreso tradicionalmente establece, el próximo 8 de febrero se cumplirá el décimo aniversario del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua, sin que hasta ahora se haya emitido la Ley General de Aguas.

Se trata de una omisión legislativa de diputados y senadores que aún no formularon la regulación secundaria del párrafo sexto al artículo Cuarto agregado a inicios de 2012 así: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Frente a este vacío legal, el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad que este lunes fue resuelta.

El Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas, a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución, en relación con el tercero transitorio del decreto que dio origen a dicha disposición, publicado el 8 de febrero de 2012”, concluyó el pleno de los ministros.

Y es que entonces se dio un plazo de 360 días hábiles para emitir la ley pendiente.

En consecuencia, como parte de los efectos en las controversias en las que se impugnó la referida omisión legislativa, la SCJN nuevamente conminó al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Aguas durante su próximo periodo ordinario de sesiones”, se ordenó este jueves desde la Corte a diputados y senadores.