Denuncian a Zaldívar; él acusa persecución; Corte y Judicatura investigan

Arturo Zaldívar, ministro en retiro. — El ministro en retiro Arturo Zaldívar afirmó que la orden de Piña responde a la desesperación frente al resultado electoral. Foto: Mateo Reyes Arellano.

La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó a ambas instancias investigar a su antecesor, Arturo Zaldívar, y a algunos de sus excolaboradores.

Esto, luego de que en días pasados se recibió una denuncia anónima que los acusa de presionar e influir en las decisiones de jueces y magistrados con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros, entre 2019 y 2022.

Tras conocer el caso en su contra, el ministro en retiro lo calificó como algo muy grave. “La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”, dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

TE RECOMENDAMOS: Arturo Zaldívar no renunciará a su pensión

Acusó que, al admitir a trámite denuncias anónimas, se violaron normatividades, ya que las quejas anónimas o que no aportan pruebas, no se admiten e incluso se desechan.

Para Claudia Sheinbaum, la indagatoria del Poder Judicial contra Zaldívar y sus allegados es una persecución política y una venganza.

Desde Ensenada, Baja California, la candidata presidencial expresó su apoyo a Zaldívar, uno de sus colaboradores, al asegurar que los señalamientos no tienen sustento. “Espero que la Corte reaccione, porque de seguir en esta actitud, en donde ahora son Legislativo, ahora son perseguidores; es que no puede ser así un Poder Judicial en un país democrático”, expresó.

DENUNCIAN A ZALDÍVAR; ÉL RECHAZA ACUSACIONES

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, ordenó abrir una investigación contra excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.

La medida se determinó luego de que se recibió una denuncia anónima que los acusa de presionar e influir en las decisiones de jueces y magistrados con la intención de beneficiar intereses personales y de terceros, entre 2019 y 2022.

El ministro en retiro calificó los señalamientos como algo muy grave. “La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula.

Zaldívar, quien renunció a la Corte a finales de noviembre de 2023, acusó que, al admitir a trámite denuncias anónimas, se violaron normatividades, ya que las quejas anónimas o que no aportan pruebas, no se admiten e incluso se desechan.

Para la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, las indagatorias del Poder Judicial contra Zaldívar y sus allegados son una persecución política y una venganza.

Desde Ensenada, Baja California, expresó su apoyo a Zaldívar, actualmente uno de sus colaboradores.

La morenista dijo que “hay una politización a favor del grupo conservador”; atribuyó esta investigación que inició el 9 de abril —un día después del primer debate presidencial en el INE—, a que “ganáramos el debate… Hay un esquema de buscar a toda costa que triunfe alguien que ya está derrotado”.

Además, aseveró que la investigación en curso “está fuera de toda norma de la Suprema Corte, que se basa en una denuncia anónima y que, además, no sólo es contra Zaldívar, sino contra jueces que han sido honestos”.

CONTRA EXALIADOS

La investigación del Poder Judicial contra Zaldívar enlista a quienes presuntamente ayudaron a presionar a jueces y magistrados.

Uno de los principales operadores sería Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario General de la Presidencia de la Judicatura Federal.

También, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo de Jaime Santana Turral, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, cuando su titular era Arely Gómez González, eran las áreas más utilizadas para obligar a impartidores de justicia a dictar sentencias a modo.

Se implica a Édgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, y a Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública y quien hoy trabaja para la ministra Lenia Batres.