El costo de alzar la voz en Nayarit
En entrevista con Excélsior Cárdenas Chakin relató que el conflicto comenzó cuando artistas, promotores culturales y ciudadanos organizaron el colectivo "Ciudad de las Artes Resiste"
La confrontación entre el gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, y sectores críticos dejó de ser únicamente una disputa por obras públicas.
La detención del activista Isaac Cárdenas Chakin, uno de los opositores a la demolición de la Ciudad de las Artes en Tepic para construir un estadio de futbol, colocó bajo escrutinio la actuación de la Fiscalía estatal y abrió cuestionamientos sobre el uso de las instituciones de justicia frente a la protesta social.
En entrevista con Excélsior Cárdenas Chakin relató que el conflicto comenzó cuando artistas, promotores culturales y ciudadanos organizaron el colectivo "Ciudad de las Artes Resiste" para oponerse a la desaparición de un complejo con escuela de música, danza, anfiteatro, áreas verdes y pista de skate.
Las protestas incluyeron actividades culturales, un campamento y recursos legales. Según su testimonio, un día antes de acudir a ratificar uno de los amparos fue detenido.
La demolición del espacio no es sólo una versión del activista. En junio de 2025 se documentó que el gobierno estatal comenzó a desmantelar la Ciudad de las Artes para construir el estadio Nicolás Álvarez Ortega. La movilización reunió a artistas, estudiantes y ciudadanos y derivó en acciones legales.
El 24 de junio, un juez federal concedió una suspensión provisional para detener la construcción mientras se revisaba el fondo del litigio. La administración estatal defendió el proyecto. La secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García, sostuvo públicamente que el estadio respondía a un compromiso formulado durante la campaña de Navarro Quintero y planteó que el espacio cultural no se destruía, sino que "se transforma".
La explicación oficial, sin embargo, no desactivó las protestas ni los cuestionamientos sobre la pérdida de infraestructura cultural.
La parte más delicada ocurrió meses después. Cárdenas Chakin aseguró que, tras una primera detención por una falta menor, fue interceptado por hombres encapuchados cerca de su domicilio, golpeado, esposado y trasladado sin saber inicialmente quiénes eran sus captores.
Afirmó que permaneció incomunicado, sin acceso inmediato a su defensa y que se intentó atribuirle la entrega de 20 mil pesos a policías, además de otra conducta relacionada con la moral pública, también pretendieron hacerlo firmar documentos bajo presión.
El asunto trascendió rápidamente el ámbito local. En noviembre de 2025, la diputada morenista Andrea Navarro denunció públicamente una presunta detención arbitraria y exigió información a la Fiscalía General del Estado.
La propia Fiscalía informó que inició de oficio una carpeta de investigación contra elementos de la Agencia de Investigación Criminal por posibles hechos constitutivos de abuso de autoridad. Los agentes señalados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para investigar su participación. Además, la dependencia desistió posteriormente de proceder por el señalamiento de cohecho contra Isacc Cárdenas.
Para el activista, la secuencia entre protesta, amparos y detención constituye un acto de intimidación. "Tengo más miedo de quedarme callado", declaró al narrar lo ocurrido. Aseguró también que, después del episodio, comenzó a reaccionar con temor al observar vehículos similares al utilizado durante su captura y que las consecuencias alcanzaron a su círculo familiar, especialmente a su madre, quien escuchó sus gritos cuando era sometido.
Por otra parte, Ulises Rodríguez, articulista independiente de crítica política, afirmó que fue citado por la Fiscalía estatal después de publicar más de una decena de textos en los que cuestionó al gobierno de Navarro Quintero. Rodríguez considera aquella comparecencia una señal destinada a inhibir la crítica. Ese señalamiento proviene de su testimonio y, con los elementos disponibles, no puede presentarse como un hecho acreditado mediante documentos oficiales.
A este escenario se suma otra decisión polémica de la administración estatal: el destino del estadio de beisbol "El Coloso del Pacífico". En este caso sí existe documentación legislativa. El Ejecutivo estatal solicitó al Congreso autorización para entregar en comodato el inmueble a Desarrollos Inmobiliarios Jaguares de Nayarit, S.A. de C.V. El acuerdo comprende instalaciones, áreas comunes, zonas comerciales, oficinas, vestidores, palcos, espacios perimetrales y estacionamientos. La vigencia establecida es de cinco años.
La iniciativa establece además que la empresa podrá utilizar el complejo para la organización, operación, comercialización y explotación de eventos deportivos, culturales, recreativos y económicos. El Coloso del Pacífico fue construido con una inversión pública superior a 700 millones de pesos, de acuerdo con reportes sobre el proyecto.
La infraestructura levantada con recursos públicos fue cedida temporalmente a una empresa privada para su operación comercial. Por ello, permanecen bajo escrutinio los criterios utilizados para seleccionar a la compañía, las condiciones económicas del acuerdo y los beneficios concretos que recibirá el estado durante esos cinco años.
El gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero enfrenta así un problema que rebasa la disputa por dos estadios. La desaparición de un espacio cultural, los amparos promovidos para detener una obra, la detención de uno de sus opositores más visibles, la investigación contra agentes de la propia Fiscalía y los cuestionamientos sobre la explotación privada de infraestructura financiada con dinero público conforman un expediente que demanda explicaciones documentadas.