La Corte revisa Sistema de Justicia Penal a 18 años de su implementación
A 18 años del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral en México, la SCJN anunció el inicio de una etapa de autoevaluación y revisión crítica del modelo, con énfasis en la situación de las personas en prisión preventiva
A 18 años de su implementación total, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se evalúa la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, informó el presidente del Máximo Tribunal, ministro Hugo Aguilar Ortiz.
“La implementación del modelo está ya caminando, y se identifica que estamos en la etapa de consolidación del sistema, y yo diría que, a esa idea, también hay que agregarle que estamos también en la etapa de autoevaluación, de autocrítica, de revisión del modelo. Entramos en una etapa de modelo garantista; con sus dificultades en la Corte hemos estado revisando temas relacionados con la implementación de las audiencias, los plazos, recientemente, a iniciativa del maestro Néstor (Vargas) estamos revisando al interior del Poder Judicial la situación de quienes se encuentran en prisión preventiva”, indicó el ministro presidente Aguilar Ortiz.
El titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) encabezó la firma de un Convenio Marco de Colaboración entre la SCJN, la Fiscalía General de la República (FGR), con su titular, Ernestina Godoy, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), encabezado por Jorge Nader Kuri, en la sede de la Corte.
“El convenio que hoy vamos a firmar tiene como objeto central la capacitación, la difusión del conocimiento jurídico, el intercambio de experiencias, tiene que seguir este perfil. No tiene que ser una capacitación anclada en la teoría y en la dogmática únicamente tiene que ser lo que los investigadores le llaman un conocimiento situado una investigación situada una investigación y capacitación que no pierda el referente en la realidad”, explicó el ministro presidente de la Corte.
Autonomía
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, indicó que la autonomía de las instituciones encargadas de la procuración de justicia no implica que tengan que trabajar de manera aislada, y menos ante la evolución del fenómeno delictivo.
“Vivimos una etapa en la que las instituciones públicas enfrentamos desafíos cada vez más complejos, la transformación de fenómenos sociales, la evolución de la criminalidad, el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías y la legítima exigencia social de contar con instituciones más eficaces; esto nos obliga a revisar permanentemente cómo cumplimos con nuestras responsabilidades constitucionales. Frente a estos desafíos compartimos la convicción de que las instituciones no se fortalecen aislándose unas de otras, sino cuando dialogan, cuando comparten conocimiento y construyen soluciones desde la cooperación institucional”, afirmó la titular de la FGR.