Corrupción alcanza ya al Tribunal de Chiapas

La corrupción que envuelve la administración de Chiapas a cargo de Rutilio Escandón Cadenas se encuentra en niveles alarmantemente altos que han permeado también a Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, magistrados y jueces.

Un claro ejemplo de esta corrupción se tiene en el juicio 432/2010 que interpuso Francisco Javier Echeverría Blanco, dueño de la Plaza Baktún, por medio del exmagistrado del Poder Judicial federal, José Tomás Garrido Muñoz, quien pidió favores a su amigo Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, para modificar el adeudo.

El abuso

La historia de este conflicto vecinal inicia en el año 2000, cuando el Grupo Diestra compra el hotel Marriott Tuxtla Gutiérrez, 14 años después, Francisco Javier Echeverría Blanco, dueño del predio vecino, comenzó a enviar cartas, pidiendo sumas millonarias, alegando una indemnización por un supuesto daño causado por un muro, cuya zapata subterránea invadía 35 metros del subsuelo vecino.

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Grupo Diestra respondió al vecino que ese muro ya existía antes de que dicho vecino comprara su terreno, que él conocía lo que había comprado y que

—en todo caso— debería demandar a quien le vendió y no al vecino que años antes había construido el referido muro.

También se le hizo ver que la parte invadida no le impedía usar el terreno en forma alguna, ya que estaba debajo de la tierra y porque no era un punto de acceso ni el lugar donde se pretendiera edificar nada, sino que estaba justamente en la zona limítrofe que se suele dejar entre construcciones vecinas.

Cabe destacar que dicho muro se construyó, debido a que un temblor provocó un deslave del cerro donde se ubica el hotel, por lo que ingenieros civiles determinaron que era necesario contener ese cerro mediante un muro de concreto que le diera seguridad a toda esa zona.

Inician demanda

No obstante, en 2010 Echeverría Blanco demandó por daños y perjuicios al hotel Marriott Tuxtla, donde solicitó al juez la demolición del muro. Dicha demanda culminó en una sentencia en 2014 que indicaba improcedente la demolición, ya que el muro le daba seguridad a ambos vecinos en caso de un futuro temblor que pudiera generar deslaves.

También se emitió una sentencia condenando a Grupo Diestra al pago de un daño cuantificado en 711 mil pesos, derivados de los 34.6 metros cuadrados a un valor de mercado.

Crecen deuda millonaria

Sin embargo, por medio de argucias legales, la juez local Ángeles Guadalupe Mendoza, quien emitió la sentencia inicial, transformó el adeudo de 711 mil pesos que ya había dictado a una deuda de 3 mil millones de pesos, una decisión que fue ratificada por los magistrados del Tribunal de Justicia Estatal, María Itzel Ballinas Barboza, Claudia Lucía Domínguez Acuña y Guillermo Horacio Esponda Orantes.

Cuando los abogados de la empresa propietaria de los hoteles Emporio conocieron la sentencia, en diciembre del año pasado, acudieron con la juez Guadalupe Mendoza, quien sólo se disculpó y dio la confirmación de que ella no había realizado la sentencia, sino que sólo fue la encargada de firmar el documento.

Este proceder de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la entidad encendió los focos rojos entre los inversionistas privados que han mencionado que pueden retirar sus inversiones del estado, lo que afectaría al sector turístico con un monto por arriba de los 28 mil millones de pesos.

No es un secreto que este caso pone en evidencia la compleja red de corrupción que parece permear las instituciones del estado de Chiapas y subraya la urgente necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública por parte del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien prepara la conclusión de su administración dejando a la población a la mitad de una corrupción rampante aunado a la pobreza extrema, la inseguridad y los conflictos armados entre grupos del crimen organizado.

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