Acusa Winckler persecución política y policiaca

CIUDAD DE MÉXICO

“A la persecución política” se suma una “persecución policiaca en mi contra”, acusó el fiscal de Veracruz, suspendido, Jorge Winckler, quien insistió que no sólo él, sino también su familia, corren riesgo.

“Lo que se ha desatado es una persecución política sin precedente en mi contra, y ahora una persecución policiaca también”, precisó, al advertir que  desde el momento en que fue removido temporalmente del cargo, “tomaron las instalaciones, y han estado parados afuera de mi domicilio, gente de la Policía Estatal, además de que hay rumores de que están fraguando alguna acción legal para intentar detenerme cuando yo jamás he hecho nada ilegal, en mi vida, y mucho menos en el encargo”.

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En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Jorge Winckler, señaló que luego de ser removido, “de inmediato, a mi esposa y a mis niños les fue retirada la forma de moverse y la seguridad, igual que al suscrito, cuando estas medidas no son un capricho”.

La ley estatal establece que el Fiscal General y su familia requieren de un tipo de protección, “para poder desarrollar las acciones de persecución delictiva, máxime cuando vivimos en un estado donde el Fiscal ha perseguido a delincuentes de muchísima peligrosidad y ahora tenemos que estar resguardados, porque nos quitaron cualquier tipo de protección”, lamentó,

Jorge Winckler destacó que su remoción temporal es violatoria a la constitución, local y federal, e insistió en que cuenta con todos los exámenes de control de confianza, que cumple con todos los requisitos “para ser Fiscal General del Estado”.

El último, precisó, lo habría aplicado hace menos de un mes, pero se dijo temeroso de que “quieran desaparecer” los documentos probatorios.

Insistió en que cuenta con los requisitos que marca la ley, “no los que ellos quisieran que en un momento dato se pudieran cumplimentar”, al acusar que no se le ha dado la oportunidad de defenderse, “ni se me ha otorgado la garantía de audiencia”.

“No me han permitido ingresar a mi oficina y están tomadas las instalaciones de la Fiscalía, por cientos de policías, en un hecho sin precedentes en todo el país”, remarcó.

Detalló que sí ha sido evaluado, “pero no puedo acceder a esa documentación, porque no tengo acceso a las instalaciones de la Fiscalía y es probable que intenten destruir o desaparecer cualquier tipo de constancia. Sí existe (la evaluación), pero jamás se me requirió”.

Si me hubieran solicitado la información, el Centro de Evaluación se los hubiera entregado, sin ningún problema, pero lo que se dio fue un ataque a la autonomía de la institución, y a mi persona”, precisó.

Cuando fue el último examen, se le interroga, a lo que respondió; “fue hace más o menos un mes, y por motu proprio, porque nunca me han requerido para una evaluación este tipo, y a efecto de que quedara constancia, sí se llevó a cabo”, en un centro de evaluación certificado.

“Estoy en vías de buscar esta documentación, pero tengo temor de que desaparezcan estos documentos”, además de detallar que “todo se videograba; hay constancias de muestras clínicas, de antidoping, así como exámenes psicológicos, médicos, de todas las pruebas que nos practican”.

Aseguró que “no hay ningún fundamento jurídico, no hay nada que establezca que una comisión permanente, de un Congreso local, como en este caso, pueda emitir un acuerdo para remover a un fiscal general del estado, y nombren a una persona encargada de despacho”.