La crisis política que hoy sacude a México no nació en Washington, pero ahí encontró eco institucional. La solicitud del gobierno de Estados Unidos para que nuestro país actúe contra nueve políticos de Morena, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, es la consecuencia de años de señalamientos, investigaciones periodísticas y denuncias que aquí se minimizaron o se ignoraron.
En México se ha documentado de manera insistente que Rocha Moya habría recibido dinero ilícito del crimen organizado para financiar su campaña. No es un rumor de redes: es una narrativa sostenida por reportajes, testimonios y filtraciones que el oficialismo decidió desacreditar en lugar de esclarecer. La gravedad no sólo radica en el origen del dinero, sino en lo que implica: la posible captura del poder político por intereses criminales.
A ello se suma el caso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sobre quien pesan versiones de que recibió maletines de dinero provenientes de Sinaloa durante su contienda. El vínculo entre ambos no es menor: Villarreal fue coordinador de campaña de Rocha Moya; en esos tiempos reconoció públicamente el trabajo de Américo durante su toma de protesta, destacando el trabajo político realizado en su elección.
Ese entramado político adquiere otra dimensión cuando se recuerda que, en esos mismos años, Mario Delgado era presidente nacional de Morena y fue él quien presentó al llamado Rey del Huachicol, Sergio Carmona, con Jesús Ramírez Cuevas, quien, a la postre, lo acercó a López Obrador en un contexto donde surgirían múltiples señalamientos sobre financiamiento irregular a campañas del partido.
A estas acusaciones se suman los dichos de Jocelyn Hernández, fundadora de Morena, quien denunció públicamente estas prácticas. En la misma línea, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sido señalado en reiteradas ocasiones por presuntos vínculos de su campaña con el crimen organizado, sin que hasta ahora exista un esclarecimiento puntual por parte de las autoridades. El patrón comienza a delinearse: acusaciones graves que no encuentran respuesta institucional.
A esto se agrega otro elemento preocupante: el retiro de visas por parte de Estados Unidos a figuras cercanas a Morena. Casos como el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo —también sin visa y con investigaciones abiertas en ese país—, así como versiones sobre una posible medida similar contra Luisa María Alcalde, refuerzan la idea de que las sospechas ya han cruzado fronteras.
El patrón no termina ahí. También pesan cuestionamientos sobre figuras como Adán Augusto López en torno a la operación política conocida como La Barredora, así como los gastos millonarios atribuidos a Andrea Chávez, que han sido objeto de señalamientos públicos sin que hasta ahora el gobierno haya mostrado disposición real para investigarlos a fondo. La constante vuelve a repetirse: acusaciones que se diluyen en el silencio institucional.
Hoy, frente a una presión internacional sin precedentes, el gobierno mexicano no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado. No se trata de ceder soberanía, sino de ejercerla con responsabilidad. Ignorar los señalamientos o, peor aún, blindar a personajes del propio partido sólo profundiza la percepción de impunidad.
La licencia solicitada por Rocha Moya es, en ese contexto, insuficiente. La historia reciente nos obliga a desconfiar de esos movimientos. Basta recordar cuando el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunció en televisión nacional que pediría licencia y terminó prófugo de la justicia. La licencia no es sinónimo de rendición de cuentas; muchas veces es apenas el primer paso hacia la evasión.
Más preocupante aún es que el gobierno federal parece hoy más enfocado en intentar desestabilizar políticamente el estado de Chihuahua que en garantizar justicia en Sinaloa. Mientras las acusaciones escalan y la presión internacional crece, la prioridad debería ser esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, no distraer la atención con confrontaciones políticas que poco aportan a la verdad.
Morena enfrenta hoy una prueba decisiva. Puede optar por la transparencia y la rendición de cuentas o continuar por la ruta del encubrimiento. Hasta ahora, todo indica lo segundo. Y es ahí donde se revela la contradicción más profunda: mientras protege a los suyos pese a los señalamientos, intenta linchar políticamente a una gobernadora de oposición que ha asestado golpes reales al crimen organizado. Porque, cuando la justicia se aplica de verdad, incomoda a quienes han hecho de la impunidad su refugio.