El sable de San Martín reabre un conflicto entre herederos y el gobierno argentino
El traslado del sable corvo al Regimiento de Granaderos ordenado por Milei generó una cautelar judicial y la renuncia de la directora del museo
La decisión del gobierno de Javier Milei de trasladar a un regimiento militar el sable del libertador argentino José de San Martín desató la indignación de los herederos de la pieza, quienes exigieron ante la justicia que el arma permanezca en el Museo Histórico Nacional, al cual fue donada en 1897.
El sable corvo, una de las piezas más valiosas del acervo argentino, será entregado al Regimiento de Granaderos a Caballo, fundado por San Martín, de acuerdo con un decreto presidencial publicado el martes.
La decisión provocó la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez, así como la presentación de una solicitud de medida cautelar ante la justicia por parte de los herederos del sable.
Un traslado que genera tensión institucional
El gobierno tiene prevista una ceremonia de entrega el próximo sábado en la ciudad de San Lorenzo, donde el Libertador ganó una batalla decisiva por la independencia de la corona española en 1813.
La reacción de los herederos amenaza con empañar la celebración, que contempla el traslado del sable en helicóptero desde el museo, en Buenos Aires, hasta San Lorenzo y, posteriormente, su traslado definitivo al regimiento del barrio capitalino de Palermo.
El sable corvo, de fabricación inglesa, perteneció a San Martín durante las campañas libertadoras que encabezó en Argentina, Chile y Perú, y fue donado posteriormente por sus herederos al Estado para que se exhibiera en el Museo Histórico Nacional.
La disputa legal por una donación con condiciones
“Cualquier modificación respecto del destino del sable corvo (...) violaría el cargo asignado como condición en la donación”, argumentaron los herederos en su presentación ante la justicia.
Los demandantes sostuvieron, además, que el traslado implica un daño irreparable, al modificar el régimen de exhibición pública y vulnerar las condiciones establecidas en el acto de donación original.
De acuerdo con antecedentes históricos y documentación oficial citada por el MHN, la donación del sable corvo de José de San Martín al Estado argentino quedó formalizada en 1897 mediante un acto jurídico que estableció de manera explícita su guarda y exhibición permanente en el museo, creado en 1889.
Especialistas en derecho patrimonial recuerdan que este tipo de donaciones con cargo se rigen por el Código Civil argentino —actualmente los artículos 1569 y concordantes del Código Civil y Comercial—, que obligan al Estado a respetar las condiciones impuestas por el donante.
Un objeto histórico marcado por controversias
Empuñado en ébano, de 95 centímetros de largo y sin ornamentación, el sable fue adquirido por San Martín durante un viaje a Gran Bretaña.
Muerto en el exilio, en Francia, en 1850, San Martín lo legó por testamento a otro luchador por la independencia, Juan Manuel de Rosas, quien a su vez lo dejó a su yerno, Juan Nepomuceno Terrero.
Los herederos lo donaron después al Estado, con la condición de que fuera depositado en el Museo Histórico Nacional, donde fue robado en dos ocasiones durante la década de 1960, antes de ser trasladado en 1967 al Regimiento de Granaderos por el gobierno militar. En 2015, fue restituido al museo mediante un decreto presidencial.
El MHN recuerda además que el sable fue declarado Bien Histórico Nacional y Monumento Histórico en el marco de la Ley 12.665, lo que impone restricciones adicionales para su traslado y cambios de destino.
Un debate recurrente en América Latina
El debate sobre el destino de las reliquias de los próceres no es nuevo en la región. En Venezuela, el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó en 2010 la exhumación de los restos de Simón Bolívar para investigar las causas de su muerte, una decisión que también generó controversia.
En episodios previos, como el traslado del sable al Regimiento de Granaderos en 1967, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, la medida fue revertida décadas después por objeciones legales y técnicas vinculadas a la conservación y a las condiciones originales de la donación, lo que explica la sensibilidad institucional y judicial que rodea la decisión actual.
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