Protestan en Caracas por el incierto aumento del salario mínimo anunciado por Delcy Rodríguez
Trabajadores y pensionados protestaron en Caracas tras el anuncio de un aumento salarial sin cifras concretas por parte de Delcy Rodríguez.
La confirmación de un “incremento responsable” del salario mínimo en Venezuela, anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha desatado protestas en las calles de Caracas. El anuncio, realizado sin cifras concretas, llega tras cuatro años de congelamiento salarial y en medio de una crisis económica que golpea con fuerza a trabajadores y pensionados.
Testigos reportaron manifestaciones masivas durante la mañana y tarde de este jueves, con marchas hacia el Palacio de Miraflores. Aunque no se registraron heridos ni muertos, algunos manifestantes intentaron acceder al perímetro de seguridad de la sede presidencial, mostrando su inconformidad por la falta de detalles sobre el ajuste.
Actualmente, el salario mínimo venezolano se ubica en 130 bolívares, equivalentes a apenas 0,27 dólares según la tasa oficial. En contraste, la canasta básica familiar supera los 677 dólares, lo que refleja una brecha insostenible entre ingresos y necesidades básicas.
La inflación sigue siendo un factor determinante: el índice cerró 2025 en 475 %, y solo en los dos primeros meses de 2026 acumuló un 51,9 %. La propia Rodríguez advirtió que aumentos sin respaldo productivo podrían “disparar la inflación y destruir el poder de compra”.
Economía debilitada
El trasfondo estructural es crítico. El PIB de 2025 equivale apenas al 36 % del nivel de 2012, en plena bonanza petrolera. Aunque la producción de crudo superó el millón de barriles diarios en febrero, según la OPEP, los efectos sobre la economía real siguen siendo limitados.
El Gobierno apuesta por una nueva ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera y por la eventual recuperación de activos bloqueados. Rodríguez prometió que estos recursos se destinarán a mejorar pensiones e ingresos, aunque el sistema previsional enfrenta un severo desequilibrio: 5,7 millones de pensionados frente a 5,3 millones de trabajadores activos, lo que obliga al Estado a financiar el 91 % de las pensiones.
En la práctica, muchos jubilados reciben entre 30 y 40 dólares mensuales, reflejando el deterioro del poder adquisitivo. La alta informalidad, la dolarización de facto en el sector privado y el uso de bonos que no impactan prestaciones ni pensiones agravan la situación.
El éxodo de casi 8 millones de venezolanos, en su mayoría en edad productiva, ha profundizado el desbalance. Rodríguez llamó a la diáspora a regresar y sumarse a la construcción de una “nueva institucionalidad” tras la salida de Nicolás Maduro.
