Entre dudas y resultados ajustados, Perú recurre a auditoría electoral integral
Máxima autoridad electoral de Perú realizará auditoría informática de primer turno de presidenciales
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció que llevará a cabo una auditoría informática “integral y exhaustiva” de la primera vuelta de las elecciones generales del pasado 12 de abril, en un intento por reforzar la credibilidad del proceso en medio de un conteo aún inconcluso y crecientes cuestionamientos políticos.
A más de dos semanas de la jornada electoral, los resultados definitivos siguen sin definirse. Con alrededor del 97.5% de las actas procesadas, persiste una disputa cerrada entre el izquierdista Roberto Sánchez, con cerca del 12% de los votos, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, con 11.9%. La diferencia entre ambos ronda los 27 mil 600 sufragios, una brecha mínima que ha variado ligeramente en favor de Sánchez en los últimos días. En tanto, Keiko Fujimori encabeza la votación con el 17.12% y espera rival para la segunda vuelta prevista el 7 de junio.
El JNE, máxima autoridad electoral del país, detalló que la auditoría responde a la necesidad de “elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos”, de modo que cada fase del procesamiento electoral pueda ser validada bajo criterios técnicos independientes, rigurosos y verificables. El ejercicio contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral, integrado por especialistas externos, así como por técnicos nacionales e internacionales.
Aunque no se precisaron plazos para la auditoría, el organismo prevé mantener como referencia la entrega de resultados finales hacia el 15 de mayo, si bien reconoció que la revisión podría incidir en los tiempos. Un portavoz del JNE señaló que el proceso de auditoría no suspenderá el análisis de actas observadas o impugnadas, varias de las cuales presentan inconsistencias y continúan bajo evaluación de los jurados electorales.
El contexto político ha elevado la presión sobre las autoridades. Las elecciones y el posterior escrutinio han estado marcados por denuncias de fraude e irregularidades por parte de diversos actores. López Aliaga, por ejemplo, pidió la repetición de la votación en Lima al argumentar fallas logísticas que, según él, impidieron sufragar a miles de sus simpatizantes; el JNE rechazó la solicitud y ratificó el calendario electoral.
A la incertidumbre se suma la crisis institucional en el sistema electoral: el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, renunció el 21 de abril en medio de una investigación por presunta colusión agravada relacionada con la organización de los comicios, y su domicilio fue allanado días después. Este episodio ha intensificado las dudas sobre la conducción del proceso y ha reforzado la necesidad, según el propio JNE, de someter la elección a una revisión técnica independiente que permita despejar cuestionamientos antes de la segunda vuelta.