Qué valor tiene la tranquilidad de una familia, querido lector? ¿Cuánto cuesta el silencio de un gobernante frente al estruendo de las ráfagas en plena zona dorada de Mazatlán o Culiacán? Para los sinaloenses, el precio ha sido impagable.
Viven la peor crisis económica en su historia, cierres de establecimientos —3 mil 400 negocios bajaron sus cortinas definitivamente—; pérdida de, al menos, 3 mil empleos directos, afectando principalmente a los sectores de servicios, turismo y restaurantes; toques de queda; pero, sobre todo, una herida abierta en el tejido social que no cerrará con una simple solicitud de licencia. La salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura y de Juan de Dios Gámez de la alcaldía de Culiacán no debe leerse como un acto de dignidad política, sino como la consecuencia de una estrategia de abrazos y complicidades que terminaron por asfixiar al pueblo. Se fueron, sí, pero el inventario del horror que dejan tras de sí es una bofetada a la narrativa oficial.
La senadora Paloma Sánchez muestra en redes sociales la radiografía que estremece: 2 mil 645 homicidios, 3 mil 688 desaparecidos y el dato que quiebra el alma son los 108 niños y adolescentes asesinados. ¿Cómo le explicamos a una madre que su hijo es hoy una estadística de “daño colateral”?
La regidora Erika Sánchez dijo con una claridad que incomoda —en la reunión de Cabildo del viernes por la noche en Culiacán—, que han sido 20 meses de violencia insoportable y ocho años de la traición de Morena, que abandonó al pueblo. Recordó que en cada manifestación, las madres de los desaparecidos les gritaban a la cara que, si no había avances era porque estaban coludidos. Si revisamos la historia reciente, entenderemos por qué llegamos a este punto. La mega alianza que Rubén Rocha habría pactado con Los Chapitos para ganar en 2021 —según investigaciones en EU—, no es un cuento de pasillo. Mario Zamora, quien fue su contrincante en esa elección declaró que la competencia no fue sólo contra un candidato, sino contra una buena parte del Cártel de Sinaloa.
El 6 de junio de 2021, la democracia fue secuestrada. Esa noche, al terminar la jornada electoral, Mario Zamora tuvo que enviar un mensaje al crimen organizado pidiendo con humildad que regresaran a sus compañeros: “Ya se acabó la elección, ya se obtuvo el resultado que se estaba buscando, regrésenlos por favor”. Recordó casos atroces, como el de una líder de colonia en Culiacán, cuya casa fue abatida para luego secuestrarla y desnudarla. Ante tal nivel de degradación, muchos prefirieron el silencio por miedo a denunciar.
Paola Gárate, hoy dirigente, pero entonces candidata, vivió su propio calvario al ser secuestrada por un comando de 20 personas. Fue sometida con un cachazo en la cabeza y obligada a viajar sentada en las piernas de una compañera porque el auto estaba atestado de otros secuestrados. Nueve horas de terror que otros vivieron por días. Jesús Zambrano lo confirmó con testimonios grabados y notariados; la amenaza era directa: “Si Rocha no gana, te matamos”. Todo esto quedó plasmado en una denuncia de 57 páginas que los líderes de la coalición Va por México entregaron ante la OEA y la CIDH. El expediente es un catálogo de la infamia: registra mil 66 delitos y agresiones.
En Sinaloa, la violencia se ensañó en Culiacán, Badiraguato, Guasave y Concordia. Se documentó cómo grupos armados inmovilizaron equipos de campaña, se apoderaron de casillas y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto por consigna. Uno de los casos más emblemáticos de esa jornada fue la irrupción en el domicilio de José Alberto Salas Beltrán, secretario de Organización del PRI. Lo golpearon y secuestraron por 50 horas con un solo fin: evitar que organizara la vigilancia de las casillas. En Sinaloa, el crimen no sólo participó; el crimen impuso.
¿Qué sigue ahora? Porque separarse del cargo es apenas el primer paso. Lo verdaderamente difícil es reconstruir el Estado de derecho sin complicidades.
La ciudadanía merece saber la verdad sobre casos como el de Óscar García Hernández, el maestro de educación física desaparecido en Mazatlán, o el de Carlos Emilio, el joven de 21 años cuya madre, Brenda Valenzuela, hoy busca en fosas ante la frialdad de una fiscalía local y federal paralizadas. Sinaloa necesita certidumbre y legalidad. El estado no puede seguir pagando las consecuencias de omisiones que huelen a pacto.
La justicia se garantiza con castigo para quienes entregaron la paz de un pueblo a cambio de una silla de gobierno.