Abogada demanda al servicio de impuestos de EU para declarar a su perro como 'dependiente'

Una abogada llevó a un tribunal federal de Estados Unidos una pregunta que rara vez llega a la agenda fiscal: si los perros de compañía pueden ser considerados dependientes, a efectos de impuestos, en una sociedad donde las mascotas ya son tratadas como parte de la familia.

Amanda S. Reynolds demandó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en el Distrito Este de Nueva York y presentó el caso también “en nombre de” su golden retriever, Finnegan Mary Reynolds, argumentando que el animal cumple con los requisitos de dependencia del Código de Rentas Internas salvo por una condición: no es humano, según su demanda.

Reynolds sostiene que Finnegan depende de ella para su alimentación, alojamiento, atención veterinaria, entrenamiento, transporte y otras necesidades básicas; que no tiene ingresos propios y que sus gastos anuales superan los 5 mil dólares. 

En un pasaje, afirma: “A todos los efectos, Finnegan es como una hija y, sin duda, una persona dependiente”.

El pleito se da en un momento de “humanización” de las mascotas en Estados Unidos (y en el mundo, en general). Un sondeo del Pew Research Center halló que 97% de los dueños considera a su mascota parte de su familia. Por separado, la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA) reportó que 94 millones de hogares en el país tienen al menos una mascota.

Aun así, el tribunal no ha entrado al fondo. En una orden del 8 de diciembre, el magistrado James M. Wicks concedió la petición del gobierno de suspender el intercambio de pruebas (“Discovery”) mientras el IRS prepara una moción de desestimación. El juez señaló que el caso está en una etapa temprana, que el intercambio de pruebas podría ser amplio y costoso y que, por ahora, el gobierno mostró sustancialmente que la demanda es poco probable que sobreviva.

El fallo reseñó que el Departamento de Justicia prevé impugnar la demanda por cuestiones de jurisdicción y procedimiento, incluyendo la “legitimación” —en parte porque la demandante no alega haber intentado declarar al perro como dependiente y haber recibido una negativa— y posibles fallas en la notificación formal al gobierno. 

Wicks también aludió a barreras típicas en litigios tributarios: la Ley Anti-Injunction (26 U.S.C. §7421), que en general impide demandas “con el propósito de restringir la determinación o el cobro de cualquier impuesto”, y la Ley de Sentencia Declaratoria (28 U.S.C. §2201), que excluye medidas declaratorias sobre impuestos federales.

Reynolds invoca la Cláusula de Igual Protección y la Cláusula de Expropiación, y sostiene que tratar distinto a contribuyentes que mantienen dependientes humanos frente a quienes sostienen animales de compañía carece de base racional. La demanda reconoce que, bajo la ley vigente, los perros se clasifican como propiedad, pero argumenta que esa etiqueta no refleja su rol en el hogar ni el nivel de cuidado que exigen. En sus escritos también sostiene que “este caso no es frívolo ni carente de mérito” y que merece una seria consideración.

De manera general, el IRS permite reclamar dependientes bajo categorías como “hijo que reúne los requisitos” o “pariente que reúne los requisitos”, con reglas de relación, residencia, edad o ingresos, además del requisito de manutención, según sus guías. Los animales de compañía no están contemplados en esas categorías, de acuerdo con la interpretación habitual del término “individuo” en el estatuto tributario.

Una de las excepciones vinculadas a animales son los servicios de asistencia. El IRS permite incluir como gasto médico ciertos costos de compra, entrenamiento y mantenimiento de un perro guía u otro animal de asistencia para personas con discapacidades, siempre que se cumplan los criterios aplicables y se detallen deducciones. Fuera de supuestos médicos, comerciales o caritativos específicos, los gastos habituales de mascotas —alimento, veterinario y alojamiento— no suelen ser deducibles.

El debate también se cruza con iniciativas legislativas que buscan aliviar costos veterinarios sin crear una categoría de “dependiente” para animales. En el Congreso se presentó el “PAW Act of 2025”, que propone permitir montos limitados vinculados a atención veterinaria y seguros de salud para mascotas dentro de ciertos beneficios fiscales.

Por ahora, la demanda permanece pausada mientras el IRS prepara su moción. La decisión de Wicks no resuelve el fondo: busca evitar costos innecesarios antes de decidir si el caso puede avanzar y si el tribunal puede, o debe, pronunciarse sobre si un perro puede figurar algún día como dependiente en la declaración anual federal.

bm