Por: Fadlala Akabani
A diferencia del giro a la derecha que varios países de la región están dando tanto en elecciones legislativas como presidenciales, como los casos recientes de Argentina y Chile, en México aún estamos revirtiendo el daño que el entreguismo y la especulación financierista del periodo neoliberal (1988-2018) produjo sobre bienes de la nación, como el petróleo y el agua.
La hoy derogada Ley de Aguas Nacionales (1992) fue iniciativa de Carlos Salinas de Gortari y se dio bajo un contexto de desmantelamiento de las fuerzas productivas nacionales. Bajo esta legislación se permitió el acaparamiento del recurso hídrico y su uso indiscriminado en las industrias minera, refresquera y automotriz. Asimismo, se hizo posible que latifundios como el de la familia LeBarón, en Chihuahua, se hicieran con cantidades desproporcionadas del recurso, ya que se trató el agua como una mercancía y propició el surgimiento de un mercado negro, pues el marco legal neoliberal les permitía asignarse y heredar concesiones de manera privada y discrecional, sin intervención del Estado.
Si bien la ley de 1992 estaba supuestamente circunscrita al artículo constitucional 27, que hasta ese momento histórico aún protegía la propiedad inalienable del petróleo y los recursos del subsuelo (incluida el agua); en los hechos, este cuerpo jurídico permitió que gran capital extranjero —sobre todo estadunidense y canadiense— y también del gran capital nacional se hicieran con la propiedad imperecedera de lo que fueron simples concesiones de uso.
Muy pocas veces en el debate mediático “mainstream” se habló con datos duros; de 2001 a 2020, el uso industrial del agua presenta una dinámica de crecimiento acelerado, habiendo crecido 98.7% en ese periodo, pasando de 2 mil 710 hectómetros cúbicos de agua en 2001 a 4 mil 410 hm3 en 2020, de acuerdo con datos de la Conagua. Estimado lector, tenga a bien considerar que un hectómetro cúbico equivale a un millón de metros cúbicos, lo que nos daría 4 mil 410 millones de m3.
Convenientemente, en el debate mediático, se obvian comparaciones que permiten dilucidar la magnitud de la concentración de agua en manos de privados; tan sólo en 2014, la industria minera usó 437 millones de metros cúbicos de agua, lo que serviría para abastecer las necesidades humanas de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit, según el reporte Concesiones de agua para las mineras (2016), de CartoCrítica.
Lo que busca la Ley de Aguas Nacionales de la 4T es castigar el abuso, saqueo y contaminación en materia hídrica por parte de actores que han aprovechado su poder económico e influencia política. Hay aberrantes casos como el de Grupo México que, a 10 años de haber ocasionado un daño ambiental tras el derrame de 40 millones de litros tóxicos en el Río Sonora (que no ha sido mitigado), continúa acaparando el agua en la región en perjuicio de verdaderas familias campesinas de Sonora. Otro caso patético, el del hoy convicto exgobernador de Chihuahua, César Duarte (PRI), que construyó una presa y retuvo 700 mil metros cúbicos de agua, dejando sin acceso a la misma a comunidades agrícolas cuesta abajo.
Estos abusos son los que combate la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum; discutida y finalmente aprobada por el Congreso de la Unión el 4 de diciembre de 2025, la nueva legislación tiene por objetivos principales reglamentar el ejercicio del derecho humano al agua, recuperar la rectoría del Estado mexicano sobre un recurso indispensable para el desarrollo y proteger al campo mexicano, especialmente al pequeño productor.