Nicaragua ordena cierre de otras 25 ONGs como parte de ley represiva

Nicaragua ordenó el cierre de más organizaciones y fundaciones defensoras de derechos humanos, feminismo e institutos de historiografía.

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Oficina de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), cerrada después de que el parlamento del país, controlado por aliados del presidente Daniel Ortega, cerrara 25 organizaciones no gubernamentales. Foto: Reuters

Nicaragua, uno de los países con más denuncias de represión de libertades en América, ordenó el cierre de otras 25 organizaciones y fundaciones, dentro de una campaña represiva, amparada en una ley aprobada el pasado mes de abril, en la que al menos 77 ONG se han visto afectadas solo este año.

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El diputado oficialista Filiberto Rodríguez ha sido el responsable de presentar el decreto legislativo, que incluye a organizaciones como Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Asociación de Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos (ACPDH) o la Asociación por la Democracia, de Enrique Bermúdez Varela, entre otras, tal y como ha informado el diario 'La Prensa'.

El pasado 19 de abril, las autoridades de Nicaragua ya ordenaron el cierre de otras 25 organizaciones en el país dentro de esta campaña represiva contra las ONG que ya suma más de cien entidades afectadas desde la ola de protestas de 2018.

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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó a principios de abril la Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro, que deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación. Sobre este organismo recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos.

El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del Gobierno de Daniel Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.

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