El desarrollo de una de las mayores megaciudades del mundo en una cuenca cerrada, sin salidas naturales y ubicada a 2,200 metros sobre el nivel del mar, sólo ha sido posible gracias a una condición excepcional: la existencia de un enorme acuífero subterráneo que, durante miles de años, acumuló volúmenes extraordinarios de agua. Sin esta reserva natural, la Ciudad de México difícilmente podría sostener su funcionamiento por más de una semana.
A principios del siglo XX, el acuífero del Valle de México se encontraba prácticamente saturado y descargaba sus excedentes a través de numerosos manantiales que abastecían la ciudad. Sin embargo, los entre 600 y 800 litros por segundo que aportaban resultaban insuficientes para atender las necesidades de una población en constante crecimiento.
Los avances tecnológicos de la época hicieron posible la perforación de pozos profundos y la extracción de agua mediante bombeo. Entre 1936 y 1944 se construyeron 93 pozos en la zona central y otros 93 en la periferia, con profundidades que oscilaban entre los 100 y los 200 metros. Con ello inició la explotación intensiva del acuífero.
El incremento sostenido de las extracciones provocó hundimientos en la zona central de la ciudad a una velocidad cercana a los 16 centímetros por año. Uno de los primeros indicios del abatimiento de los niveles subterráneos fue la desaparición gradual de los manantiales naturales.
Las observaciones realizadas durante ese periodo permitieron identificar la estrecha relación entre la extracción de agua subterránea y el hundimiento del terreno. Como medida preventiva, en 1940 se decretó una restricción para la perforación de nuevos pozos dentro de una zona geográfica determinada.
Posteriormente, en 1947, el doctor Nabor Carrillo Flores explicó científicamente este fenómeno al demostrar que la disminución de la presión en los acuíferos provoca la consolidación de las arcillas lacustres y, en consecuencia, el hundimiento de la superficie. A partir de estos hallazgos, el gobierno federal estableció gradualmente un régimen de vedas mediante diversos decretos emitidos entre 1949 y 1978, con el propósito de limitar la perforación de nuevos pozos en el Valle de México.
Lo más preocupante del fenómeno es que se trata de hundimientos diferenciales que dependen del espesor de los estratos arcillosos, con magnitudes que van desde valores prácticamente nulos en algunas zonas hasta más de 40 centímetros por año en otras. Esta condición genera severas afectaciones en las redes de agua potable, drenaje y transporte colectivo, además de provocar deformaciones progresivas en numerosas edificaciones, con los consecuentes riesgos estructurales.
Aunque el hundimiento de la ciudad es hoy un hecho visible, existe un problema aún más preocupante: la sobreexplotación del acuífero. Se estima que los más de tres mil pozos en operación dentro del Valle de México extraen, al menos, el doble del volumen correspondiente a la recarga natural anual, estimada en 512 millones de metros cúbicos. En términos prácticos, esto significa que cada año se reduce la reserva disponible del acuífero en alrededor de 500 millones de metros cúbicos y que estamos utilizando hoy el agua que necesitarán las siguientes generaciones.
Aunque se han hecho esfuerzos como los Sistemas Lerma y Cutzamala (de los que abundaremos en la siguiente columna), el crecimiento continuo de la población y la necesidad permanente de asegurar el suministro han llevado a posponer una y otra vez las soluciones suficientes, de fondo y de largo plazo. Sin embargo, la realidad ya no permite más demoras.
Resulta indispensable impulsar un programa integral, sustentado en criterios técnicos y científicos, y garantizar su continuidad más allá de los ciclos políticos y administrativos. Sólo así será posible preservar el recurso que ha hecho viable la existencia misma de la Ciudad de México.