Fiscalía interroga a presidenta Dina Boluarte por represión de protestas en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada este martes por la fiscal que investiga la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, y que dejan decenas de muertos en tres meses.

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La mandataria de 60 años compareció ante la jefa del ministerio público, Patricia Benavides, por casi hora y media. La presidencia, a través de Twitter, informó que Boluarte "brindó declaraciones respecto a las investigaciones", sin ofrecer más detalles.  De su lado, la fiscalía señaló más temprano que la gobernante fue llamada dentro del "caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023".

Boluarte llegó al interrogatorio fuertemente escoltada, sonriente y con un traje celeste, según las imágenes que compartió en redes sociales el organismo acusador. La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en los exteriores del edificio del centro de Lima.

Ella tiene "toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. No obstante, en caso de una acusación en firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que en 2026 culmine su mandato, según fija la Constitución.

La fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves". La autoridades intentan determinar su responsabilidad en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

En las protestas han muerto 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han registrado mil 300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados. El jefe de gabinete, Alberto Otárola, el exministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete Pedro Angulo, también están siendo investigados por la fiscalía en el marco de la misma causa.

Boluarte cumple este martes tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido autogolpe de Estado. Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

Su caída desató las violentas movilizaciones que exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023. Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, un país que vive en una permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.

Policía de Perú registra varios inmuebles de Pedro Castillo por investigación

La Policía Nacional de Perú ha registrado este martes hasta seis viviendas y una oficina en el marco de la investigación en marcha contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de liderar una supuesta organización criminal. El dispositivo policial, desarrollado en la capital, Lima, y la ciudad de Callao, incluiyendo el registro de una vivienda propiedad de Jorge Hernández, conocido como 'El Español', y a quien las autoridades han detenido, según recoge RPP.

De acuerdo con la documentación facilitada por la Fiscalía, 'El Español' tenía la misión de reclutar sicarios para atentar contra la vida de alto mandos de la Policía y miembros del Equipo Especial encargado de investigar las autoridades del gobierno de Castillo. Así, el Ministerio Público detalló que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ha detenido a Hernández acusado de la presunta comisión de los delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios.

La Fiscalía de Perú confirmó a finales de febrero la apertura de una investigación contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en un caso en el que también figura el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

Castillo se encuentra en la cárcel después de que la Justicia dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

dm