La SCJN desecha recurso de revisión de General Motors

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso de revisión con el que la automotriz estadunidense General Motors (GM) pretendía librar un añejo adeudo fiscal que arrastra con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por mayoría de ocho votos, el Pleno del Máximo Tribunal del país respaldó el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, el cual frena de manera definitiva la estrategia jurídica de la corporación, que “intentó evitar desde al menos 2017” cumplir con el requerimiento de las autoridades hacendarias.

La resolución de los ministros validó la postura de desechar la reclamación debido a que, en términos técnicos, la impugnación de la transnacional no contenía los elementos mínimos requeridos por la legislación para su procedencia institucional. De acuerdo con el dictamen definitivo que modificó el rumbo del litigio, se determinó "desechar el recurso de revisión al amparo, ya que no fija un criterio novedoso a una norma constitucional ya establecida", cerrando así las puertas a un análisis de fondo sobre las obligaciones económicas pendientes de la empresa.

Este fallo contrasta de forma directa con los precedentes de la propia SCJN que, en el primer bimestre del año en curso, había emitido un pronunciamiento diametralmente opuesto a favor de la misma ensambladora. El Pleno del organismo recordó que apenas en febrero pasado "avaló un recurso presentado por la empresa en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el pago de adeudos fiscales por dos mil 599 millones de pesos", un antecedente que no bastó para salvar su situación legal actual.

Aquella votación favorable para la compañía estadunidense, estructurada bajo una metodología jurídica diferente a la de esta semana, derivó de deficiencias procesales cometidas por la propia representación jurídica del gobierno federal.

Según consta en los registros de la ejecutoria anterior que benefició a la corporación automotriz, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz detalló en su momento que "no existe estudio de inconstitucionalidad y Hacienda no impugnó la decisión del Tribunal Colegiado para que General Motors no pagara sus dos adeudos fiscales".

Pese al consenso de la mayoría de los integrantes del tribunal respecto al dictamen elaborado por Batres Guadarrama, la sesión en el Pleno reflejó fisuras en las consideraciones procedimentales de algunos ministros.

El comisionado Giovanni Azael Figueroa Mejía externó sus observaciones particulares, aclarando en la discusión que "el recurso adhesivo debe declararse sin materia y no desecharse", motivo por el cual adelantó que incorporaría un voto concurrente con argumentos propios en el engrose del acta.

A la discrepancia metodológica del bloque mayoritario se sumó la oposición absoluta de una ministra, quien consideró que la Corte debió entrar al fondo del asunto en lugar de aplicar un criterio de desechamiento por la vía rápida. La ministra Yasmín Esquivel Mossa manifestó su postura contraria y sostuvo ante sus pares que "no se debe desechar el recurso principal ni adhesivo porque, según ella, sí satisface los requisitos que establece la Constitución", una interpretación que al final resultó insuficiente para cambiar el rumbo del fallo adverso para General Motors.