Carta abierta: exigen claridad sobre la última voluntad de Natasha Gelman
Integrantes de la comunidad cultural envían carta a Claudia Sheinbaum y Claudia Curiel: exigen transparencia y legalidad sobre la Colección Gelman.
Pese a los posicionamientos institucionales emitidos en torno a la Colección Gelman-Santander, integrantes de las comunidades culturales emitieron ayer una carta abierta a autoridades culturales y judiciales en la que solicitan “claridad, legalidad y cumplimiento del marco jurídico aplicable en el manejo y protección de la Colección Gelman”.
Comunidad cultural exige legalidad y claridad en el acervo de Natasha Gelman
La misiva, difundida en redes sociales, señala que persiste una interrogante fundamental que exige respuesta clara y documentada de si se ha garantizado el cumplimiento pleno de la voluntad testamentaria de su propietaria original, en estricto apego al marco jurídico aplicable.
Y advierte que “diversos elementos de carácter público generan inquietudes razonables sobre la posible existencia de actos, decisiones o procesos cuya legalidad, congruencia o transparencia deben ser plenamente esclarecidos”, debido a que es de conocimiento público que la última voluntad de Natasha Gelman establecía que su colección fuera destinada al pueblo de México y permaneciera exhibida en el territorio nacional, particularmente en Cuernavaca.
Llamado directo a Claudia Sheinbaum y Claudia Curiel
En este contexto –abunda la carta enviada a Claudia Curiel, titular de Cultura federal; a la fiscal general Ernestina Godoy y a la presidenta Claudia Sheinbaum, entre otras autoridades– “adquiere particular relevancia la actuación del albacea de la sucesión, Robert Littman, quien, en el marco de sus responsabilidades fiduciarias, tendría la obligación de velar por la correcta administración del acervo y por el cumplimiento íntegro de las disposiciones testamentarias”.
Por ello, la misiva exhorta a las autoridades judiciales competentes a que, “en caso de existir controversias o indicios de incumplimiento, determinen las responsabilidades correspondientes con estricto apego a derecho”; pide que los órganos de fiscalización y control evalúen la legalidad de los actos administrativos vinculados a este caso, y solicita que la SC “ejerza de manera plena y sin dilación sus facultades legales de protección, supervisión y, en su caso, intervención respecto de bienes con valor artístico, conforme a la legislación aplicable”.
