Defensores públicos, obligados a ejercer otras funciones en la CDMX

Defensores públicos de la Ciudad de México acusaron que han sido obligados a participar en operativos para retirar a vendedores ambulantes, asistir a desalojos, fungir como “cordones humanos” en manifestaciones e incluso asesorar a víctimas de delitos, funciones que no les corresponden, pues deben defender a personas imputadas que no cuentan con abogado.

Fuentes de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, las cuales pidieron anonimato por temor a represalias, detallaron a Excélsior que estas situaciones comenzaron a ocurrir en esta administración.

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Señalaron como responsables de estas órdenes a José Juan Torres Tlahuizo, director general de Servicios Legales de la Defensoría Pública, y a su asesora Jazmín Perla Garduño García, motivo por el cual han realizado paros, protestas y solicitado la renuncia de ambos funcionarios.

Los defensores sostuvieron reuniones con autoridades de la Consejería Jurídica el pasado 12 de junio y posteriormente con el secretario de Gobierno, César Cravioto, el día 16.

Una nueva reunión está programada para este lunes, aunque hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo.

También exigieron la homologación salarial con los ministerios públicos; pues mientras estos últimos ganan en promedio 36 mil pesos mensuales, los defensores perciben aproximadamente 20 mil.

*Los defensores han tenido que asistir en

casos de desalojo en la CDMX.

FUERA DE FUNCIONES

Uno de los casos más polémicos ocurrió el 10 de mayo, horas antes del concierto de Lupita D’Alessio en el Zócalo.

A varios defensores se les convocó a una “guardia”, sin explicar de qué se trataba.

A las 12:00, mi jefa me mandó un mensaje por Whats-App diciéndome que esperara indicaciones para la guardia de ese día, (...) a las 15:00 horas me dice que se me había agregado a un grupo de WhatsApp en el que estaban la consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas; el director general de servicios legales de la defensoría, Torres Tlahuizo y Jasmín Perla Garduño, y que a las 16:30 teníamos que estar en el Zócalo”, narró un defensor.

Una vez en el lugar, se les informó que participarían en un operativo para retirar ambulantes.

Uno de los jefes se acercó a una mujer sentada en el suelo con su mercancía y le dijo “se tiene que retirar de aquí de inmediato, aquí vengo con los del Juzgado Cívico”, señalando a los defensores.

El defensor se mostró sorprendido y le cuestionó al funcionario por qué usaban ese argumento.

Es que son una familia de ambulantes muy conflictiva, es la forma de moverlos”, respondió el hombre.

Otra defensora relató que un compañero fue enviado a Xochimilco en abril para representar a una víctima de despojo territorial, cuando la función del defensor es proteger al imputado.

El caso se judicializó, pero a la persona (al invasor), no lo pudieron dejar en prisión preventiva, porque no era un delito grave (...) el mes pasado, la víctima llegó a un acuerdo reparatorio”, narró.

Agregó que se les ha obligado a asistir a manifestaciones para formar un cordón humano. Quienes se niegan a realizar estas tareas, afirmaron, son castigados con cambios de adscripción o de horario.

CONDICIONES PRECARIAS

Los defensores también enfrentan condiciones laborales adversas.

En la Unidad de Gestión Judicial del Reclusorio de Santa Martha Acatitla, cada abogado carga entre 300 y 400 carpetas, incluyendo casos de homicidio, secuestro y trata de personas.

Frecuentemente deben trabajar horas extras y no hay suficientes insumos básicos como hojas y tóner para la impresora, por lo que deben gastar de su propio bolsillo.

Apuntaron que recientemente fue removido su jefe con más de 20 años de experiencia y en su lugar llegó una jefa sin conocimientos técnicos del área, lo que agravó la situación.

A ello se suma que los defensores asignados a Santa Martha también deben atender juicios en la sede de Sullivan y cubren sus gastos de transporte y comida sin apoyo institucional.

Los defensores públicos esperan que en la reunión del lunes haya avances.

Excélsior solicitó la postura de la Consejería Jurídica y la dependencia informó que dará respuesta hasta después del encuentro.

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*mcam