Xóchitl Bravo defiende el PGD y Rentas Justas; anuncia Parlamento abierto
La coordinadora de Morena en el Congreso capitalino sostiene que el Plan General de Desarrollo permitirá ordenar las políticas públicas durante 20 años; ante las críticas vecinales, plantea ampliar la discusión y escuchar propuestas.

El Plan General de Desarrollo (PGD) debe convertirse en la guía para ordenar el crecimiento de la Ciudad de México, orientar el gasto público y garantizar derechos durante las próximas dos décadas. Así lo plantea Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, quien defiende la importancia del instrumento, pero reconoce que todavía debe discutirse con la ciudadanía.
En entrevista con Excélsior digital, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que el PGD funciona como un “paraguas” que reúne las grandes líneas de transformación de la capital en temas como movilidad, agua, salud, vivienda, deporte, atención a personas con discapacidad, mujeres, niñas y niños, entre otros.
Debajo de esas directrices, detalló, deberán establecerse acciones y ordenamientos para que las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías traduzcan los objetivos generales en políticas públicas.
Es ese paraguas donde cada piquito significa una línea y después de esa línea hay derechos, derechos de la gente”, expuso.
Para Bravo Espinosa, uno de los principales propósitos del documento es evitar que cada autoridad atienda los problemas de manera aislada o conforme a su propia interpretación. El plan, dijo, permitirá establecer una ruta común y vincular las necesidades expresadas por los habitantes con la asignación de recursos.
Como ejemplo, señaló que las alcaldías deberán incorporar en sus programas de gobierno acciones relacionadas con el abastecimiento de agua y otros servicios, de acuerdo con las necesidades de sus comunidades.
La legisladora consideró que la falta de este instrumento ha dificultado la revisión de los programas provisionales de gobierno de las demarcaciones, pues no existe una guía general que permita evaluar si las acciones propuestas corresponden a una planeación de largo plazo.
Necesitamos el plan general para que después podamos estar hablando del programa de ordenamiento territorial”, afirmó.
Parlamento abierto ante los cuestionamientos
La defensa del PGD ocurre en medio de inconformidades de habitantes de distintas alcaldías, quienes han cuestionado el proceso de consulta y solicitado que se reponga. Vecinos y representantes comunitarios han señalado que sus opiniones no fueron tomadas en cuenta y que la consulta a pueblos y barrios originarios no se realizó de manera adecuada.
Ante estos reclamos, Bravo Espinosa informó que la Jucopo acordó impulsar un Parlamento abierto para que los grupos parlamentarios y las comisiones legislativas discutan el proyecto con la población.
La propuesta contempla dos vías: que cada bancada organice encuentros en territorio y que las comisiones unidas de Planeación y de Gobierno y Políticas Públicas realicen sesiones de participación en el Congreso.
En el caso de Morena, la coordinadora anunció que buscarán regresar a los 34 espacios donde previamente realizaron foros para presentar el contenido del proyecto y recoger nuevas observaciones. También adelantó la creación de un micrositio para facilitar la participación.
La diputada sostuvo que su bancada comenzó a trabajar el tema antes de que el documento llegara al Congreso, mediante encuentros regionales y sectoriales con comerciantes, mercados públicos, personas adultas mayores, núcleos agrarios, habitantes de asentamientos humanos, niñas, niños y personas de la diversidad.
Aseguró que esas reuniones permitieron incorporar distintos planteamientos al proyecto. Sin embargo, rechazó que las críticas de quienes consideran insuficiente la consulta invaliden la participación de otros sectores.
Entre más pueda la gente opinar, para nosotros es una bendición”, expresó.
La legisladora también reconoció que la planeación urbana representa una deuda histórica con los habitantes de la capital. Entre los asuntos que, a su juicio, requieren atención están el crecimiento de la mancha urbana, los asentamientos humanos y la necesidad de generar vivienda accesible y asequible.
El PGD, agregó, es uno de varios instrumentos de planeación. Después deberán desarrollarse el programa de ordenamiento territorial, la legislación correspondiente, los programas parciales y los programas de gobierno de las alcaldías.
Rentas Justas: una defensoría para mediar conflictos
Sobre la iniciativa de Rentas Justas, Bravo Espinosa explicó que el proyecto busca atender los conflictos entre propietarios e inquilinos mediante una figura de defensoría inquilinaria, que ofrecería un primer espacio de orientación y mediación antes de que las controversias lleguen a los tribunales.
La diputada aclaró que el límite a los incrementos de renta por encima de la inflación no es una disposición nueva, pues, de acuerdo con su explicación, ya está contemplado en el Código Civil y cuenta con el respaldo de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La novedad, sostuvo, consiste en establecer un mecanismo para que las personas puedan acudir a una instancia que las escuche y ayude a resolver las diferencias cuando consideren que se incumple esa disposición.
La defensoría, subrayó, no estaría dirigida exclusivamente a los arrendatarios. También atendería a propietarios que enfrenten problemas con sus inquilinos, por ejemplo, cuando una persona se niegue a entregar un inmueble después de años de ocuparlo.
Si no tienes para pagar un abogado y no quieres llegar a los tribunales, pues tener un espacio en donde empezar con el primer contacto para resolver el conflicto”, explicó.
La propuesta también contempla medidas de apoyo para personas que enfrenten un desalojo y no cuenten con recursos para conseguir alojamiento mientras se resuelve su situación de vivienda.
Bravo Espinosa puso especial atención en las mujeres que encabezan hogares y que, según expuso, asumen con frecuencia responsabilidades de cuidado y también la firma de contratos de arrendamiento. Un aumento considerable en el costo de la vivienda, advirtió, puede afectar directamente la economía familiar.
La legisladora mencionó el caso de Cuba 11, en el Centro Histórico, como ejemplo de un conflicto entre particulares que, desde su perspectiva, muestra la necesidad de contar con mecanismos de atención y certeza jurídica. Su explicación fue que, después de un proceso legal y de la intervención del Gobierno capitalino, el inmueble fue adquirido y devuelto a sus ocupantes con condiciones de seguridad jurídica.
La iniciativa, añadió, no busca frenar la construcción ni confrontar al sector inmobiliario. La intención, dijo, es encontrar un punto de equilibrio entre los derechos de quienes rentan y los de quienes ofrecen una vivienda en arrendamiento.
No hay que pelearnos con los inmobiliarios, con los constructores; busquemos un punto medio donde esta ley beneficie a todas y todos”, planteó.
La coordinadora de Morena informó que las mesas institucionales de diálogo sobre Rentas Justas concluyeron y que su bancada también realizó encuentros en distintas alcaldías. Las propuestas recabadas, indicó, serán procesadas y enviadas a las comisiones de Procuración de Justicia y de Vivienda para su análisis y dictaminación.
Finalmente, afirmó que la política de vivienda social debe acompañar las medidas de regulación de rentas. Aseguró que el presupuesto destinado a ese rubro se duplicó de un año a otro y que se prevé un nuevo incremento para el siguiente ejercicio fiscal.
Tanto el PGD como Rentas Justas, concluyó, requieren que la ciudadanía conozca las propuestas y participe en su discusión antes de que avance el proceso legislativo.