Sigue disputa por el Refugio Franciscano: fijan nueva inspección judicial
Los resultados de la inspección serán determinantes para la audiencia donde se resolverá si se ordena el retiro de los perros
El futuro de 156 perros resguardados en el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, se definirá tras una nueva inspección judicial programada para este viernes 13 de noviembre a las 12:00 horas, en medio de un litigio entre el albergue y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. por la propiedad del inmueble y el bienestar de los animales.
La diligencia, derivada de un juicio de amparo promovido por la fundación ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, busca verificar las condiciones de alojamiento, higiene, drenaje, alimentación y estado físico de los ejemplares.
Sus resultados serán determinantes para la audiencia incidental del próximo martes, donde se resolverá si se ordena el retiro de los perros.
Ambas partes mantienen posturas opuestas sobre el origen del conflicto y la situación del albergue. Fernando García Juárez, abogado de la Fundación Haghenbeck, acusó al refugio de intentar frenar la revisión mediante recursos legales.
Esta asociación no quiere dar los perros en adopción porque ese es su modus vivendi, a cambio les brinda una pésima calidad de vida, tal como lo comprobó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de ahí que hicieron lo imposible por suspender esta inspección judicial", sostuvo.
En contraste, Rafael Orantes, abogado del despacho Pérez Correa González y representante del refugio, señaló que la medida cautelar fue admitida tras cinco intentos previos desechados y sin pruebas contundentes.
Además, cuestionó que un actuario realice la evaluación sin conocimientos técnicos veterinarios.
"La opinión subjetiva de este funcionario del juzgado podría derivar en que saquen a los perritos otra vez sin considerar el contexto necesario", advirtió, al tiempo que desmintió el lucro con los animales, destacó que operan una plataforma oficial de adopción supervisada por el gobierno.
Simplemente lo que quiere otra vez la fundación es retirar a los perritos para poderse hacer del inmueble", concluyó.
Las partes también difieren sobre los motivos que impidieron las inspecciones previas de los días 5 y 9 de noviembre, mientras la fundación las atribuye a paros laborales en el Poder Judicial de la Federación, la defensa del refugio asegura que la primera se canceló por falta de notificación a autoridades, como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
Y la segunda porque el actuario argumentó un bloqueo carretero, pero sin precisar detalles, pese a que en el sitio aguardaban representantes de la Consejería Jurídica, Sedema y la Comisión de Derechos Humanos.