Resumiendo:
no somos los que somos
ni menos los que fuimos
tenemos un desorden en el alma
pero vale la pena sostenerla
con las manos
los ojos
la memoria.
Mario Benedetti
No es lo mismo ser autoritario que ser autoridad. Teniendo la misma raíz etimológica (del latín auctoritas, derivado de auctor, el que hace crecer), por esa evolución extraña de las palabras, significan exactamente lo contrario. Autoritario es “quien ejerce el poder de manera abusiva, sin límites”; autoridad es la “facultad, el poder legítimo o el prestigio que tiene una persona, institución u organización para dictar normas, tomar decisiones, dar órdenes y hacer que éstas se cumplan”.
El gobierno mexicano ha sido autoritario, por eso ha perdido autoridad. El Poder Judicial es un ejemplo. No hay antecedente en nuestra vida independiente ni en los breves periodos imperiales ni en los muchos gobiernos espurios una exhibición con tanto descaro del uso de las más deshonestas maniobras para imponer su voluntad como lo ha hecho la clase gobernante de los últimos ocho años.
Los medios han relatado y los expertos han desmenuzado los muchos y variados atropellos al orden jurídico, para integrar los órganos encargados de las reformas, el desaseo en los procesos para aprobarlas y la arbitrariedad para ejecutarlas. Se resquebrajaron principios que le daban sustento al sistema político mexicano. Son actos desaprobados por los tribunales internacionales para nuestra ya desacreditada manera de hacer justicia.
En un artículo reciente, Jean Meyer (El Universal, 08/XI/26) recordaba las exigencias de los húngaros en 1956 en su revolución contra el poder soviético: “Queremos vivir en paz, en una sociedad libre y honesta”. Me parece que en estos tiempos de cascadas de propuestas y de proyectos de nación que tanto han contribuido a nuestra era de perplejidades, esas simples demandas son las que hoy se repiten en todos los estados de nuestra irreconocible República.
Lo que tuvo que hacer el presidente de nuestro tribunal supremo para resolver el conflicto con los trabajadores que tienen en sus manos las tareas de la juridicidad y que se oponen, con toda razón, a la evaluación punitiva, reviste el grado de decadencia que padecemos. Violando la ley, sin considerar sus atribuciones, dio marcha atrás a los acuerdos de otras instancias para, supuestamente, preparar al personal. Una vez más, vemos un Estado acosado que, sin rumbo, “resuelve” cotidianamente los estallidos sociales que alteran el orden público.
Ahí viene el gran desafío. Dos instituciones prevalecen confiables y autónomas: el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral. Tienen la responsabilidad de cuidar la política monetaria y los procesos para que la ciudadanía ejerza libremente su derecho al voto. Es redundante insistir en su importancia. En las dos hay claros síntomas de intromisión.
Aunque ha habido avances, la materia electoral ha sido manoseada por su partidización. Es el resultado de rebatingas. Corregir y recuperar la confianza en el árbitro de las contiendas políticas que han iniciado ya, con pésimos indicios de su desempeño, es un deber de enorme trascendencia. Hay señales de su manipulación para designar funcionarios sometidos a las consignas del partido en el poder.
De las escasas noticias buenas, el resultado de las elecciones en Estados Unidos nos da un aliento para seguir confiando en la democracia. La ciudadanía votó con razón porque le puso un freno a quien está abusando del poder. Nos confirma que una de las ideas más sólidas de la teoría del Estado, la división de poderes, funciona. También lo hizo con ética para castigar a quien ha desempeñado un mal trabajo, algo moralmente necesario.
Con unas cuantas palabras, “estoy orgulloso de ser estadunidense”, el papa León XIV envió varios mensajes: la reafirmación de las verdades evidentes por sí mismas del Acta de Independencia, el respeto a los derechos humanos y la democracia liberal con el consiguiente principio que la sustenta, la dignidad humana.