Una República de y para la educación de las niñas y los niños

Los países de América Latina y el Caribe, una región de muchas lenguas y muchas formas de crianza, hemos trabajado durante años de manera decidida para fortalecer la atención y los servicios para la primera infancia, porque sabemos que en esa etapa se construyen las bases del aprendizaje, de la salud física y mental, del lenguaje, de la regulación emocional y de la convivencia, a la par de otras muchas capacidades que acompañarán a las personas toda la vida. 

Por eso las decisiones que hoy toma el Estado mexicano trascienden una administración y alcanzan a varias generaciones: lo que hacemos por una niña o un niño de dos años seguirá presente cuando críen a sus propias hijas e hijos.

México, con los gobiernos de la Cuarta Transformación y la construcción del segundo piso liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha expresado un compromiso firme y sostenido con la atención integral a la primera infancia: Las reformas constitucionales de 2019 reconocen a niñas, niños y adolescentes en su condición de sujetos de derecho. Establecen que la educación inicial es el primer nivel de la educación básica y obligan al Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, a garantizarla e impartirla. La Política Nacional de Educación Inicial de 2022 ha sido un paso fundamental para ofrecer servicios que favorezcan el desarrollo integral de niñas y niños. Además, amplía la cobertura con equidad e impulsa prácticas de crianza enriquecidas y vínculos afectivos sólidos.

El Currículum Nacional para la Educación Inicial de 2023 establece, en concordancia con la Nueva Escuela Mexicana y el Plan de Estudios 2022, los contenidos que se impartirán en todo el país. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 reconoce la relevancia de la inversión en la primera infancia para el desarrollo integral, la inclusión social, la reducción de desigualdades y el bienestar de la población. Además, propone la “República de y para las niñas y los niños”.

Con estas acciones se ha reafirmado la voluntad del gobierno de México para generar condiciones más equitativas y propicias para el desarrollo pleno de las infancias en el país y se ha traducido en acciones concretas que se pueden observar en dos modelos dirigidos a las poblaciones más vulnerables, como el Programa de Visitas a los Hogares, que se dirige a las poblaciones con movilidad social y traslada a los hogares las condiciones para el aprendizaje de las niñas y los niños en su contexto; y el Programa de los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI), donde a las acciones educativas se suma el apoyo nutricional para las infancias y sus familias, donde colaboran las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las familias consolidan un espacio de transformación social propio.

Durante el periodo neoliberal se le cambió el nombre a la inversión social para llamarla gasto público. Ahora, con los gobiernos de la transformación, hemos recuperado lo que significa invertir en las nuevas generaciones, empezando por las niñas y los niños en sus primeros años de vida. Trabajamos para construir las condiciones en las que cada persona pueda desarrollar plenamente su potencial desde el inicio de la vida.

Invertir en la primera infancia no es responsabilidad exclusiva de un solo sector. No sólo corresponde a Educación o a Salud o al sistema de protección social. Es una responsabilidad compartida que nos ha exigido coordinación entre todos los sectores y ámbitos de la vida pública. Es cuidar, entre todas y todos, el porvenir común, colocando a las niñas y a los niños en el centro de las decisiones públicas. Desde el ámbito educativo asumimos la misión de garantizar servicios de educación inicial y preescolar con calidad, pertinencia cultural e inclusión, y de acompañar de manera permanente a las familias.

Tenemos prioridades claras. Construir un piso común para todas las modalidades. Ampliar la cobertura es indispensable y debe hacerse con referentes compartidos que se adapten a cada contexto. En cualquier modalidad deben estar presentes las interacciones sensibles y respetuosas, el juego, la exploración, la inclusión, la pertinencia cultural y lingüística, los ambientes seguros y la participación de las familias. Buscamos garantizar derechos comunes mediante múltiples respuestas.

Desde la SEP impulsamos la profesionalización de agentes educativos con acciones de formación focalizadas para su función, y el desarrollo de materiales, talleres, cursos y acompañamiento en distintas entidades.

Para fortalecer la información y planear la expansión y mejora, necesitamos integrar de manera más eficaz los datos de los servicios escolarizados y no escolarizados. 

La información territorial nos ayudará a decidir qué modalidad es más pertinente en cada localidad y a dirigir los recursos hacia donde más se necesitan. Pero los datos no sustituyen el conocimiento del territorio ni el diálogo con las comunidades. Medir mejor significa contar con evidencia para corregir, priorizar y dar cuentas; sin reducir la educación a meros indicadores.

México está viviendo una transformación demográfica que nos invita a mirar con una nueva perspectiva la atención de la primera infancia. Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi confirman una importante disminución de la fecundidad en nuestro país. Entre 2019 y 2024, la tasa global pasó de 1.9 a 1.2 hijas e hijos por mujer. Esta tendencia se refleja en generaciones cada vez menos numerosas, lo que plantea nuevos desafíos, pero también oportunidades para la educación.

En 2025, la propia encuesta estimó 5.1 millones de niñas y niños de 3 a 5 años. Con base en sus resultados y en la matrícula registrada por la SEP, la cobertura estimada de preescolar pasó de 71.9% en el ciclo escolar 2019-2020 a 74.9% en 2025-2026, su nivel más alto de la última década.

Una menor población infantil no significa que debamos reducir nuestros esfuerzos educativos. Por el contrario, representa una oportunidad para ampliar la atención donde todavía existen rezagos y mejorar los servicios que ofrecemos.

También debemos incorporar la participación de las familias, las comunidades, la academia y las organizaciones sociales, porque las mejores políticas públicas son aquellas que se construyen con alianzas y de manera colectiva.

Invertir en la primera infancia es una de las decisiones con mayor valor económico, social y humano que puede tomar un país. Una inversión oportuna suele reducir costos futuros en salud, educación, violencia, abandono escolar, desempleo y desigualdad. Pero, sobre todo, fortalece aquello que ninguna cifra o presupuesto puede medir completamente: la posibilidad de que cada niña y cada niño crezca protegido, amado, saludable, capaz de aprender y de participar plenamente en su comunidad.

Durante mucho tiempo se preguntó cuánto cuesta invertir en la primera infancia; la pregunta honesta es cuánto le cuesta a un país no hacerlo. Cuando una sociedad invierte oportunamente en sus primeras infancias, además de mejorar la vida de las niñas y los niños, fortalece la democracia, impulsa la economía, defiende la soberanía y construye un futuro más justo para todas y todos.

(Texto expresado durante la 1a. Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia)

*Secretario de Educación Pública