Las más recientes revelaciones sobre posibles conductas ilegales y corruptas de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ofrecían al gobierno federal diversas salidas. Una muy sencilla era utilizar el caso de Taddei para demostrar un compromiso serio en el combate a la corrupción, así fuera por parte de una persona cuya designación fue apoyada en 2023 por las cúpulas del partido gobernante. En cierto sentido, quizá hubiera sido más sencillo traer a cuentas a la expresidenta del INE que aclarar los numerosos casos de corrupción de representantes y gobernantes provenientes de las filas del oficialismo.
La designación de Guadalupe Taddei en 2023 tenía un vicio de origen: al no contar con el consenso de una mayoría calificada de diputados, su designación final se resolvió mediante una insaculación entre cinco perfiles preseleccionados, con una marcada cercanía al partido gobernante. Durante tres años de gestión, Taddei demostró una capacidad muy limitada para negociar y alcanzar acuerdos en el Consejo General del INE.
Tras su renuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum y su coalición legislativa tienen la oportunidad de reemplazar una muy desafortunada designación por una nueva presidenta del INE cuyo perfil y experiencia cuenten con el apoyo del mayor número posible de fuerzas políticas y que, de inmediato, emprenda la difícil tarea de reconstruir una toma de decisiones colegiada al interior del Consejo General que ayude a restaurar la muy lastimada confianza en la autoridad electoral.
Por desgracia, en las últimas dos semanas, el gobierno federal ha optado por una salida mucho más desafortunada. Por un lado, intentar deslindarse de la designación de Taddei y, por el otro, tratar de minimizar el daño argumentando que la corrupción que produjo su renuncia en realidad viene desde tiempo atrás: no sólo desde su designación al frente del Instituto Electoral de Sonora en 2014, sino desde la fundación misma del IFE en los años noventa.
El argumento oficialista no tiene pies ni cabeza: Si Taddei era corrupta “desde antes”, por qué la evaluó positivamente el Comité Técnico Evaluador, que tuvo una clara mayoría oficialista. Si Taddei se corrompió “tras llegar” al INE, ¿por qué el órgano interno de control, designado por la misma mayoría gobernante, no lo señaló antes? Si ha habido abusos en gestiones pasadas del INE, mismas que han sido auditadas año con año desde su nacimiento, o si las empresas hoy señaladas han incurrido en ilegalidades en el pasado, eso no exime de responsabilidad legal a Taddei por su conducta ni de responsabilidad política a quienes impulsaron su llegada a la quinteta para presidir el INE.
Más que una narrativa que busque fortalecer la confianza en el INE, el argumento oficialista parece una nueva versión de la llevada y traída justificación usada para extinguir o capturar otros organismos autónomos: “Como había corrupción en el Poder Judicial, se justifica destituir a todos los jueces y ministros del país. Como había corrupción en el Inai, se justifica su extinción”.
Es posible que ahora le toque el turno al INE, una vez más. Con el pretexto de la crisis detonada por Taddei, nos encaminamos a un nuevo proceso electoral con un INE aún más debilitado que antes. Como he comentado en este mismo espacio, las designaciones de 2023 y 2026 han debilitado la autonomía e independencia del INE. La organización de la elección judicial en 2025 también debilitó la credibilidad del Instituto y el Tribunal electorales. Lo que no habían logrado los gobiernos de Morena con los fallidos planes A, B o C en años recientes, podrían lograrlo ahora con severos recortes presupuestales o bien con una nueva designación sin consenso al frente del INE.
¿Cuánto demorará la designación de una nueva presidenta en el INE? Si la coalición gobernante pierde la mayoría calificada en las próximas elecciones, se verán obligados a negociar nuevas designaciones —o repetir el fallido experimento de la tómbola. El gobierno ignora la importancia de contar con árbitros e instituciones electorales confiables bajo su propio riesgo.