Diputados aprueban incorporar a la ley el envejecimiento saludable
Por unanimidad de las seis bancadas, la Comisión de Grupos Vulnerables aprobó el dictamen que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incorporar el concepto de envejecimiento saludable
Por unanimidad, la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incorporar el enfoque de envejecimiento saludable.
Sin embargo, de última hora, por presiones del gobierno federal, se eliminó el término de atención médica domiciliaria, el cual daría soporte jurídico al programa de Salud casa por casa que la administración federal promueve. En el documento desechado se argumentaba la importancia de que la reforma en cuestión coincidía con dicha política pública.
El proyecto cercenado ya contó con el respaldo de las seis bancadas y se envió a la Mesa Directiva de San Lázaro para que programe su aprobación en el pleno cuando éste retome sus sesiones ordinarias el próximo primero de septiembre.
Se trata de una innovación legislativa que incorpora el concepto de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a fin de dar prioridad a la prevención, la autonomía y la atención integral.
Bajo el reconocimiento de que “las personas adultas mayores constituyen un grupo que presenta necesidades diferenciadas derivadas de la presencia de enfermedades crónicas, multimorbilidad, deterioro funcional, discapacidad, dependencia parcial o total y requerimientos específicos de rehabilitación y cuidados de largo plazo”, las legisladoras promoventes de esta propuesta plantearon la necesidad de legalizar la modalidad de atención domiciliaria.
De acuerdo con el texto que la Comisión de Grupos Vulnerables elaboró originalmente, garantizar el derecho a la salud exige que la legislación contemple modelos diferenciados de atención capaces de responder a dichas condiciones, evitando que la igualdad formal se traduzca en desigualdad material.
La iniciativa fue presentada a inicios de julio por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez y la senadora Gina Campuzano González, señalando que el aumento de la esperanza de vida exige fortalecer la atención geriátrica, el envejecimiento saludable y la atención médica domiciliaria.
El dictamen que de último momento se desechó recuperaba esa propuesta, al explicar que esa modalidad sería parte de los derechos de la Ley, con el agregado de que dicha atención ocurriría “cuando exista indicación médica o valoración profesional que así lo determine, constituye una herramienta fundamental para garantizar continuidad de cuidados, prevención de complicaciones y acompañamiento digno”.
Pero la documentación gubernamental que se turnó a la Comisión de Grupos Vulnerables incluía una opinión de desacuerdo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en la que se argumentó que la reforma sólo podría transitar sin esa adición.
En cuanto al concepto de envejecimiento saludable, que sí quedó incorporado al dictamen, se indica que las personas adultas mayores tienen derecho a conservar y desarrollar su capacidad funcional, cognitiva, física, social, cultural y comunitaria.
La atención domiciliaria se complementaba con esa perspectiva porque dicho envejecimiento saludable implica, se alegó, promover acciones y servicios que favorezcan la autonomía y la independencia funcional de las personas adultas mayores que no siempre cuentan con condiciones para acudir a los centros de salud.
Se argumentaba que el incremento de la esperanza de vida representa un desafío para el Estado mexicano tanto en el rubro de ofrecer atención geriátrica especializada como en el tema de dar acompañamiento domiciliario.
Se recuerda en el proyecto que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México habitan más de 17 millones de personas de 60 años y más, lo que representa aproximadamente el 13 % de la población nacional.
El actual inciso b indica que las personas adultas mayores tendrán derecho “a desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales”.
La modificación aprobada en el dictamen señala que tendrán derecho “a desarrollar, conservar y fomentar sus capacidades funcionales, que les permitan ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales y promover el envejecimiento saludable”.