Era 2014 cuando en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal corrió como pólvora el expediente de un policía auxiliar que había adquirido una residencia por 18 millones de pesos en el Pedregal de San Ángel.
Los vendedores de esa mansión eran empresarios coreanos que estaban muy agradecidos por los negocios que habían hecho con la esposa del policía, quien para entonces ya ocupaba una curul en la Legislatura 2012-2015 de Donceles.
Aunque el expediente llegó a las manos de sus adversarios políticos, nadie se atrevió a hacerlo público, pues la diputada del entonces PRD era muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, a cuyos colaboradores había cobijado antes en la nómina oficial del gobierno capitalino.
Entre los personajes que en ese tiempo intercedieron por ella para que el tema no trascendiera estuvo el lúgubre René Bejarano, que aunque ya no tenía cargo alguno debido a los videoescándalos de Carlos Ahumada, sí conservaba algunas relaciones políticas.
El expediente fue guardado bajo llave, y aún ahora permanece oculto al ojo de la opinión pública, pues el Registro Público de la Propiedad y el Comercio lo clasificó, y nadie puede consultarlo.
Pero siempre hay un cabo suelto, y una copia –debidamente certificada– permaneció guardada en un escritorio, y trae santo y seña de los personajes implicados en la millonaria transacción que, de hacerse pública, podría sacudir a Morena.
Sobre todo ahora que la dirigencia nacional ha dicho que serán muy exhaustivos en la revisión de los expedientes de quienes aspiren a ser sus candidatos, para garantizar que estén rechinando de limpios.
El asunto es que quienes revisen su historial tendrían que estar igual de limpios, por aquello de que hay que tener calidad moral para señalar corruptelas, sin riesgo a que los propios juzgadores puedan resultar salpicados.
Dicen que ese expediente inmobiliario –que se creía olvidado– es oro molido para presionar por un cargo rumbo a 2027, sin que tengan que pasar una revisión tan rigurosa.
Aunque la propiedad fue vendida desde que el tema salió a la luz pública, quedaron muchas huellas, pues el expolicía se dedicó al negocio de la organización de eventos, para lo cual se armó de una buena flotilla de vehículos para transportar enseres y aparatos de luz y sonido.
Y si bien desde hace muchos años la exdiputada se divorció de él, algunos papeles quedaron en manos de quienes hoy pudieran ser sus enemigos –incluso al interior del partido– y en una de ésas los sacarían a la luz…
O tal vez no, pero seguirá siendo un tema que preocupe a la élite de Morena.
CENTAVITOS...
La noche de ayer se supo de un intento de asalto en contra del coordinador del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, en calles de la Colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. Afortunadamente sólo quedó en un susto para el funcionario, que fue defendido por sus tres escoltas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que disuadieron con tiros al aire los agresores, reportó la propia SSC en una tarjeta informativa, en la que dio algunos detalles del caso. Qué bueno que Guerrero Chiprés esté a salvo, pero el gobierno capitalino debería explicar cómo es que el coordinador del C5 dispone de tres escoltas armados para su protección personal, porque debe estar en alguna ley que ese puesto es de alto riesgo y que quien esté al frente tiene ser cuidado con recursos pagados por lo ciudadanos. Porque más de un capitalino quisiera tener esos privilegios, ¿no?