Y ahora, tormenta tomatera

El inesperado anuncio del presidente Donald Trump de imponer un arancel de 17% sobre la mayoría del jitomate mexicano exportado a Estados Unidos ha provocado una crisis comercial con implicaciones profundas en ambos lados de la frontera. Aunque la medida fue presentada por Washington como una acción para proteger a los productores estadunidenses de un supuesto dumping, la realidad es mucho más compleja y tiene un evidente componente político en un año electoral.

México exporta entre 85% y 90% del jitomate fresco que se consume en Estados Unidos. Tan sólo en 2024, el valor de estas exportaciones superó los 3,200 millones de dólares, con más de 1.5 millones de toneladas enviadas. La industria del jitomate genera un valor estimado de 8,300 millones de dólares y sostiene más de 50,000 empleos directos e indirectos entre ambos países; su importancia económica es evidente tanto para agricultores sinaloenses y sonorenses como para distribuidores y supermercados en Texas, California y Florida.

Desde el anuncio del arancel, las cifras comenzaron a tambalearse. En los primeros cinco meses de 2025, las exportaciones mexicanas de jitomate cayeron 11.6% respecto al mismo periodo del año anterior, y en mayo se registró una baja histórica de 18 por ciento. A esto se suma la incertidumbre provocada por las condiciones impuestas que encarecen el producto final en EU, afectando a los consumidores y la cadena de valor de alimentos frescos.

La respuesta desde el gobierno de Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. La Presidenta calificó el arancel como “injusto” y advirtió que su administración ya trabaja en una estrategia integral para proteger a los productores ante una medida que considera ilegal y puramente política. Subrayó un punto clave: el jitomate mexicano es insustituible para el consumidor estadunidense por su volumen, calidad y disponibilidad. Además, recalcó que sólo un pequeño grupo de productores de Florida está detrás de la presión, sin representar el consenso del sector agrícola estadunidense.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, ha iniciado mesas de diálogo con autoridades de EU, recordando los antecedentes de 2019, cuando una medida similar fue revertida tras cuatro meses de intensas negociaciones. México tiene la opción de llevar este caso a revisión bajo los mecanismos del T-MEC e, incluso, ante la Organización Mundial del Comercio, por considerar que se violan tratados internacionales.

Pero, más allá de los recursos legales, la prioridad inmediata debe ser contener el impacto económico en el campo mexicano. El gobierno requiere implementar apoyos emergentes a los productores, como créditos blandos y subsidios temporales, especialmente en regiones afectadas como Sinaloa, Sonora y Baja California. También se deben lanzar programas específicos para impulsar la diversificación de mercados. Europa, Oriente Medio y Asia ofrecen oportunidades que deben explorarse con mayor agresividad para reducir la dependencia del mercado estadunidense.

Además, el gobierno y los productores deben aprovechar esta disputa para invertir en innovación, tanto tecnológica como comercial. Apostar por productos de valor agregado —como salsas, purés o jitomate procesado— permitiría amortiguar el impacto de futuras barreras arancelarias. También es momento de fortalecer campañas de diplomacia pública en Estados Unidos, dirigiendo mensajes claros a los consumidores, cadenas comerciales y autoridades locales sobre el impacto negativo que esta medida tiene para ambos países.

La postura de Trump no sólo atenta contra el campo mexicano; también encarece los costos para los consumidores estadunidenses, vulnera tratados internacionales y desacelera el comercio regional que tanto ha costado construir. Frente a esta amenaza, México debe responder con firmeza e inteligencia: defendiendo legalmente su posición, protegiendo a sus productores y mandando un claro mensaje de que no se someterá a decisiones unilaterales disfrazadas de proteccionismo. El jitomate mexicano no sólo es competitivo: es insustituible. Y eso, incluso en año electoral, no debe olvidarse.