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Vigilancia obsoleta

Yuriria Sierra

Yuriria Sierra

Nudo gordiano

¿Usted con qué frecuencia cambia su aparato de telefonía celular? No es que sea obligación que cada que aparezca un nuevo modelo en el mercado debamos correr a cambiarlo; pero, para algunas personas, un celular debe cumplir con ciertas necesidades de comunicación. Correos o mensajería, por ejemplo, son servicios que hoy forman parte de la rutina de millones de personas. Necesarios, ya no imaginamos la vida sin ellos, porque, además, de su operación depende la ejecución de trabajos, clases, etcétera. Y si eso ocurre en lo particular, ¿qué sucede cuando se habla de tecnología a gran escala, la que comunica a empresas en una misma ciudad o en varias partes del país, del mundo? ¿Qué sucede con la intercomunicación entre escuelas, bancos, dependencias encargadas de servicios al contribuyente? Imaginemos ahora, ¿qué pasa si hablamos de la tecnología que funciona al servicio de la seguridad?

Reflexión necesaria para entender lo que sucede con la Red Nacional de Radiocomunicación. Entendamos la dimensión de lo que esta red significa para nuestro país: es la encargada de la comunicación que desemboca en la operación y respuesta de las instituciones de seguridad pública y de sus elementos. Es la red por la que se comunican los policías que usted ve en cualquier calle, pero también la que permite la comunicación entre comandancias, cuarteles; esos radios que las fuerzas de seguridad cargan en su cinturón. Esa red es la que hace posible la comunicación cuando ocurre un delito, por la que llaman por refuerzos, etcétera. Ahí su importancia. En un país como el nuestro, ¿qué tan eficiente y de alta tecnología deben ser los sistemas que apoyen en labores de seguridad? La pregunta merece respuesta porque, en próximos días, será tema de debate en el Consejo Nacional de Seguridad, si la empresa que provee esta red continuará haciéndolo los próximos diez años. Y nada de polémica habría si no fuera porque Airbus/Cassidian ha estado en operación, gracias al gobierno federal, los últimos 20 años. Sí: veinte años. Eso habla de su obsolescencia. Y su vulnerabilidad. El clima de inseguridad en que vivimos habla de su inoperancia.

El asunto es que la actual Secretaría de Gobernación busca ratificar a esta misma compañía, lo que la haría única proveedora de la red por otros diez años, a pesar de sus evidentes fallas. Sí: ¡diez años! ¿Otra década de operación sin ningún cambio ni actualización, pensamos que esta red es impenetrable, que no ha sido infiltrada por grupos criminales, esos que sí gastan en armas y tecnología?

Hace un par de semanas, Reforma refería una carta firmada por empresas como Motorola Solutions, Huawei, Tait Communications, Harris y EF Johnson, y que habría sido enviada en febrero, hace más de seis meses, al titular de la Segob, en ella advirtieron de la necesidad de aportar por servicios más eficientes. Abrir la licitación, pues: “Solicitamos su apoyo para que, como parte de los trabajos pendientes desde el año pasado y encargados al SESNSP, se realicen procesos de consulta y debate con todas las partes interesadas a fin de (...) asegurar un mercado de competencia bajo estándares internacionales y la mejor tecnología en las manos de las Policías de nuestro País”.

La promesa que hizo Airbus/Cassidian para no perder la licitación es que activará una versión actualizada de su red; el inconveniente es que, para ser funcional, esta nueva tecnología necesita un costo adicional, que se sumaría a la inversión de diez mil millones de pesos que el gobierno federal ha hecho desde que contrató sus servicios, además, su instalación tardaría, al menos, cinco años.

Lo que piden las empresas interesadas en la licitación de la red es sencillo: que la licitación que está por discutirse sea abierta, con concursantes varios y que, una vez analizadas las ofertas, se decida. Sobre todo cuando la transparencia es uno de los pendientes, más aun cuando la eficacia en la infraestructura al servicio de la seguridad es urgente. No permitir que la licitación sea abriera y transparente huele, una vez más, a intereses creados. El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe estar atento a que no le metan, desde hoy, un gol que pueda costarle mucho más adelante, no sólo en términos económicos, sino de eficiencia y asertividad en materia de seguridad pública y combate al crimen en todo el territorio nacional.

 

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