Toledo y el contraste mexicano

La reciente sentencia para el expresidente peruano Alejandro Toledo por el caso Odebrecht marca otro capítulo en la saga de la corrupción latinoamericana. Esta condena no es un caso aislado en Perú, sino que forma parte de un patrón que ha llevado a prácticamente todos sus expresidentes recientes a enfrentar a la justicia.

La lista de mandatarios peruanos procesados es abrumadora: Alberto Fujimori, sentenciado por corrupción y violaciones a derechos humanos; Alan García, quien se quitó la vida cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht; Pedro Pablo Kuczynski, bajo arresto domiciliario; Ollanta Humala, procesado; y Pedro Castillo, detenido tras su fallido autogolpe. Perú se ha convertido, paradójicamente, en un ejemplo de que la justicia, aunque tardía, puede alcanzar las más altas esferas del poder.

El caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia de América Latina, ha dejado una estela de expresidentes procesados más allá de las fronteras peruanas. En Brasil, el hoy presidente Lula da Silva fue encarcelado (aunque posteriormente sus condenas fueron anuladas). En El Salvador, Mauricio Funes fue condenado. En Panamá, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela enfrentaron procesos. En Colombia, el escándalo salpicó a Juan Manuel Santos. En República Dominicana, varios funcionarios de alto nivel fueron procesados.

Sin embargo, este recuento continental de rendición de cuentas hace más notable la excepción mexicana. A pesar de que Odebrecht operó extensamente en México y de que existen señalamientos graves sobre sobornos millonarios, el caso ha quedado prácticamente en el olvido. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y figura central en el escándalo, tras una breve detención, goza de una libertad que contrasta dramáticamente con el destino de sus contrapartes en otros países.

La impunidad en México no se limita al caso Odebrecht. Mientras que en otras naciones latinoamericanas los expresidentes enfrentan consecuencias por sus actos, en México persiste una tradición no escrita de intocabilidad presidencial. Ningún expresidente mexicano ha sido procesado efectivamente por corrupción, a pesar de las múltiples evidencias y señalamientos que han surgido a lo largo de los años.

Esta diferencia en el tratamiento de la corrupción de alto nivel revela mucho sobre la madurez y efectividad de los sistemas judiciales en la región. Mientras países como Perú, con todas sus crisis políticas, han logrado procesar y condenar a sus expresidentes corruptos, México parece atrapado en un ciclo de impunidad que se perpetúa sexenio tras sexenio.

La sentencia a Toledo debería servir como un recordatorio de que la justicia, cuando existe voluntad política y un sistema judicial independiente, puede alcanzar incluso a quienes ocuparon el cargo más alto de la nación. También debería provocar una reflexión profunda en México sobre por qué, a pesar de los discursos anticorrupción, el país sigue siendo un paraíso de impunidad para la corrupción política de alto nivel.

La lucha contra la corrupción en América Latina muestra avances dispares. Mientras algunos países han logrado romper, al menos parcialmente, con la tradición de impunidad presidencial, otros, como México, siguen anclados en prácticas que privilegian la protección política sobre la justicia. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuándo veremos en México el nivel de rendición de cuentas que ya es realidad en otros países de la región?

La sentencia a Toledo no es sólo una victoria para la justicia peruana: es un espejo que muestra lo que es posible cuando las instituciones funcionan y existe voluntad política para combatir la corrupción. México haría bien en mirar ese espejo y preguntarse por qué, teniendo casos igual o más graves, sigue siendo incapaz de llevar ante la justicia a quienes han traicionado la confianza pública desde las más altas esferas del poder.

ADDENDUM. A ver si la cacareada y polémica reforma al Poder Judicial resuelve el peor cáncer de la justicia en México: la impunidad, o a ver si no la termina legalizando.