El tamaño del monstruo

Para entender lo que sigue, primero hay que entender lo que era. Antes de imaginar cómo se combate lo que queda del CJNG sin su líder, conviene detenerse en los números. Porque, sin números, no hay dimensión. Y, sin dimensión, cualquier política de seguridad es un gesto en el aire.

Estimaciones de agencias estadunidenses sitúan el número de integrantes del CJNG entre 15 y 30 mil personas. Fuentes del gobierno mexicano creen que la cifra podría triplicarse. Para ponerlo en perspectiva: en su estimado más conservador, tiene más efectivos que varios ejércitos latinoamericanos. Un estudio en la revista Science determinó que el CJNG concentra 17.9% de todos los miembros activos del narco en México, de un total de entre 160 y 185 mil personas trabajando para el crimen organizado. No es un dato de seguridad. Es un dato de economía política.

Sus ingresos ilícitos anuales se estiman entre 10 mil y 30 mil millones de dólares, con fuentes tan diversas como el tráfico de fentanilo, el huachicol, la minería ilegal y el lavado a través de criptomonedas y redes inmobiliarias. No un cártel de película: una corporación criminal multinacional con presencia en más de 40 países.

La arquitectura que lo hizo posible fue el sistema de franquicias. La DEA describe al CJNG como una organización que usa “su estructura de mando única basada en franquicias, su propensión a la violencia y la corrupción de funcionarios” para crecer sin asumir todos los riesgos. El cártel ofrece marca, redes y protección a grupos locales a cambio de exclusividad y un porcentaje de ganancias. Externaliza la violencia, la corrupción municipal, el reclutamiento. Se queda con la rentabilidad. El resultado es crucial: el CJNG no es una pirámide cuya cúspide sostiene todo. Es una red de nodos autónomos. Quitar al franquiciante los fragmenta, pero no los extingue.

La estrategia del día después necesita operar en tres dimensiones simultáneas. La primera, militar y policial: desmantelar mandos medios e ir por Los Cuinis —el brazo financiero del cártel— con la misma energía con que se fue por El Mencho, porque el dinero es el sistema nervioso de la organización. La segunda, financiera y judicial: recuperar los activos lavados en inmuebles y empresas, una tarea que requiere fiscales especializados, jueces independientes y, sobre todo, voluntad política de tocar intereses que tienen nombre, apellido y credencial de elector. La tercera, la más urgente y la más ignorada: la dimensión social. Muchos de quienes viven de o con el cártel no son sicarios voluntarios. Son jóvenes sin opciones en municipios donde el Estado jamás llegó con escuelas o empleos, agricultores a quienes el cártel les compra la cosecha y les paga la quincena. Peor aún: muchos de ellos cooptados en contra de su voluntad. El vacío que deja el CJNG no se llena con soldados. Se llena con presencia civil del Estado: inversión productiva, instituciones que funcionen, maestros que se queden.

El Mencho construyó un imperio porque el Estado mexicano dejó un vacío. Abatirlo es el inicio, no el final. La verdadera prueba de esta administración no fue el domingo en Tapalpa. Es lo que hace esta semana, este mes, este año, con todo lo que Tapalpa dejó al descubierto.