Hay dos guerras corriendo en paralelo sobre el caso Sinaloa. La primera es jurídica y diplomática; la segunda, se libra en el estómago de quien paga el cobro de piso.
En el primer carril, México todavía tiene de qué agarrarse. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó el 29 de abril a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de conspiración para importar fentanilo y posesión de armas, vinculándolos con la facción de Los Chapitos. El gobernador con licencia rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos y los llamó una estrategia contra la soberanía. La Federación, por su parte, sostuvo que la solicitud de detención provisional con fines de extradición no incluía pruebas suficientes para actuar de inmediato conforme al tratado bilateral. Técnicamente, la postura es defendible: hay un tratado, hay un debido proceso, hay ocho fichas rojas de Interpol que obligan a un trámite, no a una entrega. Y Sheinbaum tiene un argumento de reciprocidad que no es menor, le recordó a Washington que México también tiene extradiciones pendientes que el otro lado no ha cumplido.
El problema del primer carril es que se construyó sobre un precedente que lo vuelve frágil: a El Mayo nadie lo extraditó, lo subieron a una avioneta. Por eso, cuando preguntan si a Rocha podría pasarle lo mismo, la respuesta presidencial de “no creemos que vaya a ocurrir. No debe ocurrir”, suena menos a certeza jurídica que a conjuro. Dos de los exfuncionarios ya se entregaron: Mérida Sánchez ya comparte penal en Brooklyn con El Mayo, y Díaz Vega. Y mientras tanto, la CIA opera en Chihuahua con pasaporte de turista y capucha estatal, deja dos muertos y un agujero en la versión oficial de que aquí no entra nadie sin permiso.
El segundo carril donde el gobierno parece hundirse en arena movediza, es el que Trump entendió antes que nadie. La guerra de la percepción no se gana en una corte de Manhattan; se gana —o se pierde— en la cabeza de millones de mexicanos y estadunidenses que no necesitan un indictment para saber que la tiendita de la esquina paga. Y ahí los números oficiales, que el gobierno repite juegan en contra: sí, los homicidios bajaron; sí, el Índice de Paz reportó mejora, pero en éste, por primera vez en siete años, la percepción de inseguridad empeoró; la extorsión y el narcomenudeo siguen en ascenso, y la violencia cuesta 11% del PIB. La ENSU lo confirma: a finales de 2025, casi 64% de la población urbana sentía inseguro vivir donde vive. El miedo, dicen los expertos, se mueve más lento que la violencia y más rápido que las estadísticas.
En ese hueco es donde aterrizan Trump cuando dice que “los cárteles gobiernan México, y nadie más”, y Rubio cuando suelta la palabra narcoestado. No lo digo para darles la razón, sino porque la frase prende, y no porque sea cierta en sentido jurídico, sino porque hay material cotidiano suficiente para que la caricatura se sostenga sola.
¿Dónde está parado el gobierno? En el primer carril, resistiendo con razón, pero a crédito, sabiendo que el precedente de El Mayo y las incursiones de la CIA convierten cualquier amenaza de intervención en algo más que retórica de campaña. En el segundo, perdiendo de calle, porque está combatiendo una percepción con desmentidos y detenciones importantes, pero que a EU no le abonan en mucho para su propia estrategia y narrativa.
Lo que tendría que hacer el gobierno mexicano es dejar de pelear las dos guerras con las mismas armas. La soberanía no se defiende repitiendo que “no se negocia”, sino investigando en serio a Rocha, para no entregarle a Washington el monopolio del expediente. Y la percepción no se gana llamándola mentira, sino bajando la extorsión y las desapariciones, que son los delitos que de verdad escriben la narrativa del país, casa por casa.
Porque al final, esta guerra no se está perdiendo en Washington. Se pierde en la tiendita que paga, en la carretera que negocia, en la fosa que nadie cierra. Y a ésa, ningún tratado bilateral la puede resolver.